Como nadie sabe hasta dónde llegará la crisis de precio que sacude el mundo, por prudencia debemos darnos un programa petrolero que reduzca a cierto nivel el volumen importado. En el 2010, respecto al 2009, el consumo de combustibles creció 7.6%, importamos 51.7 millones de barriles con un precio promedio de US$66.36 el barril, ascendiendo a US$3,427.3 millones el monto de la factura petrolera. El Gobierno debería anunciar que el volumen de combustibles importado se limitara a 45 millones de barriles en el 2011, para que la factura petrolera no supere los US$4,000 millones, asumiendo un precio promedio de US$90 el barril o US$4,500 millones si el precio de compra llega a promediar US$100 el barril.

Por debajo de 5.3%, que fue la expansión del 2008, se reduciría la expectativa de crecimiento del 2011. Recordamos que en el 2008 la factura petrolera llegó a US$4,241.3 millones, al importarse 48.4 millones de barriles a un precio promedio de US$87.55 el barril. La inflación esperada se reduciría con motivo de la menor expectativa económica del 2011, lo que es necesario, porque de continuar el ritmo que lleva podría terminar en dos dígitos, parecido a lo que sucedió en 2008 cuando fue de 10.64%. Sería el peor escenario para la población de menores ingresos, aumentaría la pobreza extrema, porque por el lado del transporte los combustibles de manera directa impactan el costo de la vida con 17.95%, a lo que se le suman los efectos indirectos sobre los alimentos, bebidas, comunicaciones y demás sectores.

Reduciendo el volumen de combustibles importados estaríamos protegiendo las reservas netas del Banco Central. Aunque el déficit de la cuenta corriente fue 10% del PIB en el 2008, dichas reservas terminaron en US$2,165 millones, por lo que no habría motivos para que al final del presente año el balance sea muy diferente, claro, estamos asumiendo que el Gobierno hará ajustes en el gasto público total, con el fin de reducir el volumen de combustibles que directa e indirectamente tienen programado consumir éste año las instituciones del Estado. Es decir, de una política fiscal flexible debe pasarse a la restrictiva, para garantizar la permanencia del tipo de cambio, ahorrar recursos públicos por un monto que incluso supere el nivel exigido por el FMI. Es que a toda costa debe evitarse que el peso se deprecie con motivo de la crisis internacional, porque además de impactar negativamente la economía privada, sería demoledor para las finanzas públicas, por las mayores amortizaciones y pago de intereses programados para el año. Recordemos que la deuda en dólares es más del 50% de la deuda pública total.

El Gobierno está en la obligación de ajustar el presupuesto de gastos porque los ingresos tributarios se reducirían con la menor importación de combustibles. Como los pasivos contingentes son altos, es una realidad la alta vulnerabilidad de las cuentas fiscales, por lo que más que nunca la sostenibilidad fiscal dependerá de la puesta en marcha del programa de reducción del volumen de combustibles importados y de austeridad en el gasto público, política que están esperando los mercados internacionales.