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POR FERNANDO QUIROZ
Existe un acuerdo, de que cualquier esquema de subsidio al servicio eléctrico que se ponga en práctica para las familias de bajos ingresos, debe ser sostenido de forma solidaria por la sociedad dominicana, o en caso de ser un subsidio interno al sector, por el resto de consumidores de electricidad.
Los grandes consumidores, en el caso del subsidio interno, no debe poder sustraerse al cargo aplicable para mantenerlo.
A esa conclusión se llegó en el informe Propuesta de Reforma del Sector Eléctrico Dominicano, finalizado en junio pasado, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que dirige Antonio Almonte Reynoso, y la Comisión Especial de Energía, que preside Rafael Perelló.
Recomienda que el gobierno, a través de la CNE, y con la asistencia de expertos internacionales, diseñe y presente un plan completo de subsidio para el sector eléctrico cuya implementación garantice una correcta focalización, viabilidad y aplicabilidad técnica.
Estas medidas, según el informe de 40 páginas, deben aplicarse tres meses a partir de septiembre del 2004.
Entre las acciones para la sostenibilidad del sector eléctrico, proponen el aumento del índice de cobro de 78% en la actualidad hasta 92% en un plazo no mayor de doce meses, a partir de septiembre.
También, iniciar un programa de capacitación de jueces y funcionarios del sector judicial sobre los aspectos legales relativos al servicio eléctrico.
Elaborar y poner en marcha, además, un plan de concienciación ciudadana sobre la necesidad de pagar la factura eléctrica y regularizar su conexión al sistema, contando con la aprobación del liderazgo político y comunitario.
Son necesarias y urgentes inversiones para poner nuevos medidores, proteger a todos los medidores de posibles fraudes, eficientizar el sistema de cobro, y mejorar la información sobre pérdidas y cobros.
La propuesta responde a las instrucciones dictadas por el presidente Hipólito Mejía a través del decreto 1036-03 del 28 de octubre del 2003.
EVALUAR CONTRATOS
Pide analizar el impacto que tienen los contratos de compra y venta de energía entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y los Productores Privados de Electricidad (IPPs) y entre generadores y distribuidoras sobre finanzas públicas y las tarifas que se aplican a los clientes regulados.
Advierte que algunos contratos podrían tener cláusulas de indexación de precios que no guardan relación alguna con la estructura de costos involucrados en la construcción y operación de las plantas que hacen parte del contrato.
«El objetivo de estas evaluaciones es cerciorarse de que dichos contratos sean satisfactorios, es decir comprobar su legitimidad, que no sean lesivos para las partes y de esta manera, despejar cualquier duda que se tenga», señala.
Además, que si fuera necesario cualquier renegociación, que se haga con la mayor transparencia posible, para los usuarios del servicio eléctrico tengan la percepción que le esta cobrando una tarifa justa.
Estas acciones la CNE recomienda se apliquen tres meses a partir de septiembre 2004.
TARIFA TECNICA
De acuerdo al informe, hay preferencia, más que por nuevas alzas en las tarifas en si, por aumentar al máximo los costos del sector en la factura, según se pretende con la tarifa técnica.
Ello persigue que los consumidores puedan ver más claramente en qué se gastan sus pagos y de esa forma educar a los consumidores sobre las necesidades del sector. Esta aplicación de la tarifa técnica sugiere sea aplicada a partir de noviembre 2004.
SUPERINTENDENCIA
Uno de los problemas fundamentales que observan ha enfrentado el sector eléctrico en estos años ha sido la debilidad institucional que ha dificultado la aplicación de la ley y su aceptación por parte de la sociedad dominicana.
Entiende que la Superintendencia de Electricidad debe elaborar un procedimiento de trabajo que contemple la obligación de celebrar audiencias públicas con anterioridad a la toma de cualquier decisión.
FUENTES ALTERNAS
El informe recomienda el desarrollo de un plan de gran alcance de promoción de la inversión privada en proyectos de energía eólica, energía solar, biomasa y otras fuentes de energía renovable.
