Hoy 
FERNANDO I. FERRÁN
La inmigración haitiana a territorio nacional y el tratado de libre comercio coinciden en un detalle fundamental; a saber, el diagnóstico de los desafíos que enfrenta el país por ambos hechos es bien conocido, sin embargo, no por ello se toman decisiones para remediarlos. Y ¿por qué no? Sencillamente, porque tal parece que nos estamos volviendo locos. En términos económicos, el principal problema que enfrenta el país es ampliar su capacidad productiva. En palabras del Presidente de la República, no tiene ningún valor la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica ni de otros acuerdos comerciales si no tenemos nada que exportar. Y hacia allá parece ser que nos encaminamos.
De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, el obstáculo de la economía dominicana no es de acceso a nuevos mercados sino de competitividad decreciente. La participación de las empresas dominicanas en el mercado estadounidense mejoró entre 1990 y 1997, al pasar de 0.35% a 0.50%, pero, como si nos hubiéramos dormido en nuestros propios laureles, a partir de ese momento comenzó a retroceder hasta caer en el nivel de 0.35%, es decir, el mismo que tenía en 1990.
Esa tendencia de pérdida de competitividad en el mercado estadounidense revela que de poco sirve firmar acuerdos y abrir mercados si no transformamos el modelo de exportaciones basado en manufactura de ensamble y mano de obra no calificada. Igualmente, si no dejamos de exportar impuestos y en su lugar asumimos de una vez y por todas que es muy difícil la sostenibilidad exportadora con un peso sobrevaluado, una tasa de interés muy alta, un defectuoso Estado de derecho, un funcionamiento deficiente del mercado financiero y muy pero muy serios problemas energéticos.
No puede ni debe extrañar que el argumento del presidente Bush para abogar por la ratificación del DR-CAFTA, más que el fortalecimiento de las democracias y la seguridad regional, sea las indudables ventajas que traerá a las exportaciones estadounidenses en el ámbito del mercado de productores y agricultores de su país. Lo que sí extraña, empero, es que entre nosotros se abogue por el tratado en cuestión y paradójicamente, al mismo tiempo, no se haga nada significativo para respaldar a nuestros productores pero sí para dar argumentos en contra a quienes se oponen en el Congreso norteamericano a la ratificación de ese tratado.
En efecto, con las repatriaciones de ilegales haitianos se le echa más leña al fuego en contra de República Dominicana, por maltrato laboral y supuesta violación a los derechos humanos de una mano de obra que no pocos representantes de sectores productivos dominicanos tildan con un dejo de impotencia como un mal necesario en el país.
Al margen de esa aparente impotencia, cabe reiterar que el legítimo derecho dominicano de recurrir a las repatriaciones masivas no resuelve problema alguno. No elimina de manera fehaciente el temido mal de la fusión de ambas naciones como entidades políticas y culturales, ni permite ordenar la inmigración en un marco de referencia jurídico moderno y tampoco abre posibilidades a la introducción de tecnología de punta y a la mejora de las capacidades y las condiciones de vida de los recursos humanos del país.
Así pues, debemos estar locos de remate para creer que podremos competir, desconociendo el retroceso de los productos dominicanos en el mercado estadounidense y sin negociar la ratificación del DR-CAFTA por medio de uno o más acuerdos paralelos relativos a la exclusión de productos agropecuarios sensitivos y la salvaguarda de nuestra industria frente a las desmedidas subvenciones estadounidenses a sus productores.
Y debemos estar aún más locos si creemos que los intríngulis de la inmigración clandestina de Haití hacia República Dominicana se resolverán con meras repatriaciones indiscriminadas, porque nos seguirá inundando al margen de nuestra propia legalidad cuantas veces prevalezca la ingobernabilidad del otro lado del Masacre y nosotros prefiramos seguir produciendo y perdiendo mercados con mano de obra barata.
