Tras la desaparición de las dictaduras en América Latina, la democracia se viene reinventando como una forma de impedir que vuelvan a resurgir.
Para el logro de estos objetivos se han modificado las constituciones, se han creado nuevas leyes y sobre todo se ha incorporado a la ciudadanía a ejercitar sus derechos, reclamando la participación en la toma de las decisiones y políticas que les impacten, ya sea política, económica y socialmente.
Es de ahí que surgen los grupos de participación de la ciudadanía, los que vienen floreciendo desde principios de los años 90, logrando al menos las conquistas de espacios que antes no le eran posibles.
Pero esta participación no se ha quedado solo en retórica, ha logrado en el espectro político el establecimiento de gobiernos de izquierda, que si bien no han logrado solucionar problemas como la pobreza, han marcado algunas diferencias.
Podemos hablar de Brasil, 30 millones de seres humanos ya no son pobres, en diez años se hizo el milagro, pero es bueno conocer porqué en Brasil se pudo.
Los grupos de participación ciudadana de Brasil son muy fuertes, tanto, que la ley del consumidor, convertida en un código, que justo este mes de octubre celebró 25 años, regula el sector bancario.
Los jueces de la Suprema Corte de Brasil condenaron a la Multinacional Monsanto por introducir en el país las semillas genéticamente modificadas, en el 2000. Cuando el presidente Lula optó por la reelección, debió pactar con los grupos organizados. Es así como garantizó su reelección y es de esa manera que puede exhibir los logros que son ejemplo modelo para todo el mundo.
En Bello Horizonte, la participación ciudadana ha logrado el milagro de ser la única ciudad del continente donde nadie pasa hambre. Una gestión integrada por las autoridades locales vinculada con los productores ha garantizado que nadie se acueste sin cenar, en un mundo donde más de mil millones de personas no lo hacen. ¡Parece un milagro! Pero lo es porque el gobierno cumplió con lo pactado con los sectores organizados.
Pienso que en el país todavía estamos a tiempo para lograr cambios notables, talvez no tan ambiciosos como los de Brasil, pero si se comienza a construir el Estado Social de Derechos definido en nuestra Constitución, podríamos exhibir cambios.
Para que así sea, debemos cambiar la retórica por acciones concretas, que esas iniciativas hacia la transparencia en la gestión pública se realicen, que se rinda cuentas, que se cumplan los acuerdos y que se le dé oportunidades a todo aquel que pueda aportar para el bienestar del país sin importar su bandería política. Así estaríamos reduciendo el clientelismo y evitaríamos la fuga de cerebros.
Se hace necesario que la gestión pública vincule la participación de los ciudadanos en las acciones que le puedan ayudar a la realización de los cambios que necesitamos. Si todos nos comprometemos, podemos construir un país distinto.
Esto implica que los buenos dominicanos asuman el compromiso social de aportar todos los insumos para lograrlo. Para ello debemos comenzar con el respeto a las leyes, a la Constitución, despojarnos de la perversidad que implica la complicidad con lo mal hecho, reconocer los derechos de los demás y hacer de la gestión pública y privada un ejercicio transparente que genere credibilidad.
Los niveles de pobreza y las desigualdades solo son superados por la crisis de credibilidad que ha generado la cultura del engaño, que son parte de los indicadores que empañan la imagen externa del país.
Cambiar todo esto y avanzar por un sendero diferente no es solo tarea del gobierno, deben participar los empresarios, los grupos organizados y, muy importantes, los verdaderos gobiernos locales.
A todos nos toca por igual defender y mantener las conquistas logradas, como las libertades públicas, las nuevas leyes, y los nuevos derechos conquistados por todos 1os dominicanos después que se hizo en el país, la democracia.
Alguien dijo: lo único que hay que hacer para que la gente mala triunfe es que la gente buena no haga nada.