Deber del Gobierno

Deber del Gobierno

Instituto de Capacitación para la Integración del Ciego y el Discapacitado al Desarrollo Social (Incides) es una modesta organización privada que funciona en Haina. Tiene por norte mostrar que ciegos y discapacitados pueden ser entes útiles a la sociedad.

Incides ha creado un centro especializado en masajes terapéuticos, que opera en un cubículo que la Federación Dominicana de Gimnasia le ha facilitado en el Parque Nacional del Este, pero el centro está lleno de precariedades por falta de recursos económicos.

El Gobierno dominicano afirma que son sus deseos los de prestar su concurso a todo cuanto gravite sobre la salud.

Con ese centro de Incides se le presenta una excelente oportunidad de mostrarlo.

Muy bien puede el Gobierno facilitar a Incides los recursos necesarios para que opere –que no son muy cuantiosos— o hacerse socio, a través de Salud Pública, de un centro que desea servir a la ciudadanía y mostrar una vez más que los no videntes y los discapacitados tienen que ser vistos como lo que son: seres humanos que pueden llevar una vida útil pese a sus limitaciones físicas.

Oportuna es la ocasión, asimismo, para reclamar la atención del Gobierno al centro que opera en Haina, con más de mil doscientas personas discapacitadas y que es presidido por un viejo periodista, que fue corresponsal de distintos diarios, hasta que, desafortunadamente, quedó sin visión. Eso, sin embargo, no lo amilanó y, por el contrario, le sirvió de acicate para elevar su vocación de servicio.

¡Que el Gobierno vaya en auxilio de esa gente! 

Medicinas falsificadas

Al mercado local de medicamentos han ingresado cantidades apreciables de fármacos falsificados, y la magnitud del problema es motivo de preocupación.

En el VIII Congreso Nacional sobre Medicamentos, efectuado en esta capital, la Asociación de Representantes y Agentes de Productos farmacéuticos (ARAPF) ha puesto sobre el tapete la magnitud del problema.

Las marcas y fórmulas falsificadas que aparecen en el mercado deben tener un origen que las autoridades deberán establecer con precisión.

Es posible que haya en el país laboratorios clandestinos dedicados a producir copias falsas de medicamentos, o que los mismos procedan del extranjero e ingresen al país de manera subrepticia.

En cualquier caso, sean estas medicinas falseadas de origen local o foráneo, lo cierto es que hay un enorme perjuicio que debe ser enfrentado con decisión, mediante labores de inteligencia que permitan atar todos los cabos sueltos.

En el país hay una industria farmacéutica prestigiosa, con cuantiosas inversiones y que enfrenta altos costos de producción y mercadeo. No se puede permitir que las operaciones de un comercio ilegal la perjudiquen.

Pero hay algo más grave aún, pues la salud de miles de personas está en riesgo de ser dañada por fórmulas alteradas que podrían agravar los padecimientos que se supone deberían curar.

Se trata de un problema muy serio, que va más allá de la competencia desleal y la falsedad en perjuicio de marcas registradas. Hay perjuicios a nivel de salud pública que podrían estar teniendo consecuencias insospechadas, sobre todo en pacientes crónicos. Hay que tomar este asunto en serio y aplicarle el remedio que las leyes tienen previsto para desmanes de esta naturaleza.

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