Nuevamente los intereses sectoriales amenazan con entorpecer o boicotear la entrada  en vigencia del Seguro Familiar de Salud (SFS), que está pautada para el día primero de septiembre de este año.

Realmente, lo que pasa es que está lloviendo sobre mojado y se está batiendo más de lo mismo, con la misma tozudez de siempre.

Pero proveer un régimen digno de  seguridad social es una obligación del Estado y, en menor grado, de los grupos sociales con incidencia en la prestación de servicios relacionados con la preservación de la salud de la población.

 Por la naturaleza de ese deber, de proveer seguridad social a la población, el Estado dominicano tiene que asumir la responsabilidad de que el SFS entre en vigencia en la fecha prevista, o antes si fuera posible, contra viento y marea.

Inclusive, si las clínicas asociadas decidieren retirarse, el Gobierno debería asumir el reto de iniciar el SFS con aquellos establecimientos exentos de ataduras y dispuestos a negociar tarifas y honorarios en términos distintos a los que se han planteado hasta el momento.

El propósito de iniciar el SFS aún en condiciones precarias es el de fijar la imagen de que hay en el Gobierno la suficiente voluntad política como para impedir que esta reivindicación continúe siendo una vana ilusión y una especie de botín para determinados intereses.

Ya es tiempo de ponerle un alto a las reiteradas postergaciones del SFS, que no ha sido acogido por determinados grupos con la premura que aceptaron el Fondo de Pensiones, aunque en sus expectativas les salió el tiro por la culata.

II

El jueves último concluyó sin acuerdos la más reciente reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para continuar la ventilación del diferendo que tiene estancado el seguro familiar.

El tema medular de esa reunión era el de las tarifas y honorarios de clínicas privadas y médicos. Allí se conoció también de una violación a la ley 87-01 por parte de una Administradora de Riesgos de Salud (ARS).

Si alguna meta debe fijarse el Gobierno esa debe ser la de impedir que el SFS caiga indebidamente en manos de cualquiera de los grupos que buscan controlarlo para beneficio propio.

En este aspecto, muy delicado por cierto, el Gobierno está en el deber de usar sus facultades para obligar a respetar las disposiciones relacionadas con la seguridad social, y el particular con los servicios asistenciales que forman parte del SFS.

Ha habido demasiado prórrogas, han fracasado demasiadas reuniones y lo que parece dominar el panorama es una vocación por el disenso, en vez de por la armonía de intereses en beneficio de la población.

 Una nueva postergación de la entrada en servicio del SFS sería un serio revés, no sólo para las familias dominicanas, víctimas de denegación de servicios de salud, sino también para un Gobierno que se ha comprometido a garantizar estos servicios.

El Estado debería asumir, inclusive, de ser necesario, determinados costos financieros que se derivarían de una vigencia precaria del seguro familiar.

Los fondos para ello podrían provenir de la supresión de asignaciones tan irritantes como el denominado “cofrecito” de los senadores, para citar solo un ejemplo de uso deplorable de recursos del erario.

Lo cierto es que nada justificaría una nueva postergación del SFS, sobre todo para un Estado constitucionalmente obligado a proveer salud a la población.