No hay más remedio que admitirlo: la credulidad inocente  de  muchos ciudadanos obra contra ellos mismos para convertirlos en víctimas de engaños. Sea porque desesperen por empleos, por visas o hasta por un “acto de magia” que los convierta en ricos de la noche a la mañana. Cada día  salen incautos a las calles. Consumados estafadores lo saben. Todo esto viene al caso por la denuncia que recién formuló el cónsul general de los Estados Unidos en el país Michael R. Schimmel, de que al menos mil dominicanos empeñados en obtener el derecho de entrar a EUA  desde Santo Domingo fueron timados en el último año por falsos proveedores de plazas de trabajo en el exterior, entre otras trampas.

Desde luego que los farsantes tienen doble ventaja: la vulnerabilidad de los tontos que están dispuestos a entrar en  cualquier procedimiento para conseguir lo que  buscan, de un lado, y la ineficacia de algunas de las luchas contra el crimen en el país. Ni las autoridades que investigan y se dedican a la persecución, ni la acción de la justicia llegan a ser lo suficientemente  contundentes contra ciertas  estafas que abundan en nuestro medio. Es alta la reincidencia en ese tipo de delitos; sus autores solo caen presos transitoriamente, a pesar de que la mayoría de sus actos ocurren prácticamente a la luz del día.

Desplomes que pueden evitarse

A medida que transcurren los días y se agudizan las interrupciones del suministro eléctrico se acentúa la percepción de que el país  es víctima de inaceptables imprevisiones oficiales, costosas por demás a la economía, al sosiego y al bienestar colectivo. ¿Cómo justificar que el Estado falle en el cumplimiento de un auxilio financiero indefectible y presupuestado, sin el cual se cae la generación eléctrica? Las fallas de cobranzas y los robos de energía, que el  Estado debió conjurar o atenuar notablemente desde hace tiempo, son odiosas condiciones del mercado con las cuales tienen que lidiar con inteligencia y presteza las autoridades. No hay de otra.

Las crisis agravadas que se manifiestan en apagones incrementan los costos para la nación a través del uso adicional de plantas onerosas del sistema y privadas; y por esta vez con la secuela de la contratación apresurada de fuentes adicionales que consisten  en incosteables barcazas de último minuto.