En la República Dominicana, la probabilidad de que el propietario de un vehículo robado logre su recuperación es de solo 9%, de acuerdo a lo expresado antier por alguien que dispone de buenos medios para fijar criterios al respecto.

El señor Juan Garrigó, presidente de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores, ha señalado que meses atrás, el índice de recuperación era de 12%. Por tanto, se ha retrocedido, de lo malo a lo peor, en materia de protección de unos bienes privados que ya se tornan irrecuperables en más de 90% frente al generalizado crimen de la sustracción.

La revelación de este porcentaje puede ser entendida como una prueba al canto de que las calles, las áreas de estacionamiento y hasta las marquesinas de este país son un territorio que los ladrones de autos dominan.

Necesariamente, la noticia tiene que tener un efecto devastador sobre ciudadanos de todos los niveles sociales, pues aunque las bandas que operan, con una impunidad que parece ilimitada, tienen preferencia por los autos más costosos; los vehículos utilitarios de marcas populares también están desapareciendo como por arte de magia del usufructo de sus dueños.

Las consecuencias para la industria del seguro, el único manto protector que quizás sirva de algo, en parte, a los automovilistas perjudicados, podrían alcanzar los 800 millones de pesos en pérdidas en este año.

Ante estos datos, lo primero que al observador común se le ocurre dudar es que exista una verdadera maquinaria policial y de registro de patentes que funcione.

¿Qué hace, en verdad la Policía, a partir del momento en que alguien le denuncia que ha sido víctima de un robo, a fin de rastrear y detectar el cuerpo del delito y a los delincuentes que lo tengan en su poder?

Como muy bien intuye cualquiera que tenga dos dedos de frente, para que tantos vehículos parezcan esfumados tiene que existir un tolerado proceso de falsificación de documentos para «legalizar» la nueva posesión, a más de que han aparecido evidencias de que en el país se desarman y venden por piezas muchos vehículos robados, independientemente de que con frecuencia también se trafica con ellos a través de la frontera.

Para poder robarse en doce meses vehículos tasados por los seguros en 800 millones de pesos, y con un costo total de mercado todavía mayor, se necesitaría una infraestructura delictiva que incluya una importante logística para operar centros de falsificación y talleres de mecánica y pintura, recursos criminales que en algún momento deberían quedar en evidencia a menos que la capacidad de las autoridades para combatir esas acciones sea completamente nula.

–II–

Hay un marco que favorece la criminalidad: las carreteras dominicanas carecen de una efectiva vigilancia y control sobre las muchas violaciones a la ley e infracciones generadoras de accidentes que por ellas se cometen.

Lo poco que está funcionando a nivel nacional en materia de persecución a infractores de las normas de tránsito está a cargo de Amet, sólo al interior de algunas ciudades como Santo Domingo, Santiago, etcétera.

La llamada policía metropolitana se aferra a su condición de «normativa» y cuando más se siente su presencia es cuando aplica redadas contra motociclistas a las salidas de los túneles y elevados.

Reina pues la permisividad sobre las vías de comunicación terrestre interurbana, ámbito en el que no se palpan gestiones que preserven el principio de autoridad.

Cualquier conductor irresponsable se puede sentir en el derecho de transitar sin luces y sin placas de un extremo a otro del territorio nacional y nadie le pedirá cuenta. Por lo mismo, cualquiera que robe un vehículo puede trasladarse con él de una ciudad a otra porque, sencillamente, la ley no tiene brazos para alcanzarlo.