Las preocupaciones que anteayer expresó el jefe de la Policía Nacional, teniente general Bernardo Santana Páez, ante la alarmante frecuencia con que obtienen su libertad personas arrestadas y sometidas por crímenes, en su mayoría  homicidios, embargan también a una buena parte de esta sociedad.

Y lo que el alto oficial señala como causas más frecuente de esas excarcelaciones, conducen a suponer que las debilidades institucionales no estarían esencialmente en el Código Procesal Penal.

Residen más bien en cierta incompetencia y negligencia de algunos funcionarios que deben aplicar de forma correcta en el tiempo justo las medidas de coerción e instrumentación de acusaciones.

Una mínima negligencia que se traduzca en retraso en los procedimiento tiene, por lo visto, el efecto instantáneo de abrir celdas aunque adentro estén individuos contra los cuales es factible reunir pruebas contundentes.

A eso hemos llamado a veces sobreprotección al acusado, una flexibilidad originada por el antecedente de que en otra época las autoridades ocasionaban que las cárceles siempre estuvieran repletas de presos preventivos, a muchos de los cuales había que dejar en libertad después de largas estadas por ser inocentes o porque las evidencias nunca pudieron ser presentadas.

No debe el país caer ahora en el otro extremo, el de la ligereza de soltar prevenidos aun con visos de culpabilidad, una irregularidad que tiene que ser enfrentada con prontitud y mano dura. La Procuraduría General de la República y la Suprema Corte deben recurrir a  la vigilancia exhaustiva y al juicio disciplinario. Deberían quedar fuera del sistema aquellos que propician, por incumplimiento de sus obligaciones, que gente que ha agredido a la sociedad salga prematuramente de la cárcel.

UASD

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  ha sobrevivido a inevitables  crisis de autoridad que comenzaron en el año 1961, cuando el país pasó de un estado totalitario dominado por Rafael Trujillo (el más despótico del hemisferio), al renacimiento de las libertades públicas y académicas. Todo en medio de la llamada Guerra Fría.

La Casa de Estudios Estatal fue fragua de las hirvientes ideas revolucionarias  de los tiempos, y asiento de un  flamante liderazgo estudiantil que hizo historia.

Pasó el tiempo y lo que ahora aflora con regularidad es una excesiva vocación para dirimir los problemas  internos con imposición de fuerza y violencia, incluso promovida por gente que penetra   con problemas externos a la academia  y abusa del clima de libertades que caracteriza al campus.

El caso más reciente ocurrió el jueves cuando una disputa por el alza de pasajes derivó en agresiones entre estudiantes, hasta el punto de que el principal dirigente de la Federación que representa al alumnado, John García, resultó herido y su automóvil incendiado.

Estos hechos han sido condenados responsablemente por el rector Roberto Reyna, quien se encontraba fuera del país al estallar los incidentes. Reyna ha aprovechado la ocasión para denunciar  las debilidades institucionales que permiten que la UASD sea fácilmente pasto de la agresión y el quebrantamiento del orden interno.

La familia universitaria debe, prontamente, dotar  a esa casa de estudios de severos reglamentos que propicien duras sanciones, incluyendo la expulsión, de cualquier profesor, empleado o estudiante que quebrante la disciplina.