Hoy 
La primera notable inconsistencia en la supuesta determinación de poner fin a la extracción de materiales de los lechos de ríos fue que el ministro que trazó la regla en cuestión fue sacado del cargo en el momento en que le habría tocado aplicarla. Nos referimos a Max Puig, ex secretario de Medio Ambiente.
La segunda fragilidad ha sido que en el plazo de 90 días fijado para preceder al impedimento absoluto de la extracción no fue utilizado para localizar y poner a funcionar las fuentes alternativas para una explotación que fuera consecuente con el medio ambiente.
El tercer paso que expresa la invalidez de haber prohibido tales explotaciones en ámbitos fluviales es la aparición aparentemente súbita de un sistema de licencias que se extenderán como excepción para que la depredación vuelva por sus fueros.
El gobierno parece entregarse de esta forma al criterio de que los recursos naturales pueden ser liberalmente objeto de comercio para prevenir que los caudales de los ríos se comporten destructivamente.
La solución a las alteraciones de cauces y riberas originados por una alta pluviometría no debería ser el regreso a la tolerancia pues las propias autoridades han dicho antes que las granceras crearon las condiciones que precipitaron desbordamientos y que por tanto están en deuda con el país y tendrían que pagar.
En suma, la sociedad tiene motivos suficientes para sentirse inconforme con la cambiante acción gubernamental frente a los daños que regularmente sufren los recursos naturales.
Fortalecer la Junta
Por sobre las imperfecciones del sistema y del exceso de proselitismo en que perjudicialmente han puesto a este país los partidos políticos al adelantar la campaña, está el imprescindible objetivo de lograr que las elecciones del próximo 16 de mayo se celebren con plena transparencia y total orden y que reflejen la soberana decisión de los sufragantes.
La buena marcha del proceso, que es una aspiración común, necesita el previo fortalecimiento de la autoridad y de la capacidad organizativa de la Junta Central Electoral.
Y para lograrlo es primordial que los partidos políticos se acojan permanentemente, y respeten íntegramente las facultades del tribunal, aceptando sus decisiones.
Cuando no estén de acuerdo con alguna decisión, deben elevar las objeciones que consideren de lugar, y luego esperar que sea revisada; sin ejercer presiones ni pretender que la Junta tenga obligatoriamente que fallar en un sentido u otro.
Si desde ahora se comienzan a dar señales de desconocimiento de esa autoridad, ante el hecho cierto de que la JCE carece de poder de sanción, no habría garantías de que la violencia verbal que suele caracterizar las luchas electorales de este país no germinarán en un grave conflicto político, ante el cual existiría entonces el peligroso antecedente de la desconfianza y el irrespeto.
La JCE, que en los días recientes parecía encaminada hacia una restauración de su armonía interna, merece respaldo y confianza. Permitamos que cumpla sus funciones afincadas en la Constitución y las leyes.
