Desde que practicamos la democracia -exceptuando, por razones harto comprensibles, las veces que se sucedió a sí mismo el finado líder reformista Joaquín Balaguer- cada administración que ha asumido el control del Estado se ha empeñado en exponer los pecados de sus antecesores.

No extraña, por tal motivo, que en esta ocasión sea el director de Migración, Carlos Amarante Baret, quien se ocupe de distribuir responsabilidades por inconductas imputables a autoridades pasadas que negociaron indebidamente permisos de residencia o estadía para extranjeros.

Lo que llama la atención es que hayamos sido durante tanto tiempo probadamente efectivos para descubrir y denunciar mafias, y que no se tenga referencia ni cuenta de que alguien haya resultado enjuiciado y condenado por sus responsabilidades.

Nada de lo anterior descalifica las afirmaciones del director de Migración, sino que trata de estimular en la administración del Estado una disposición, una voluntad firme, de llevar hasta las últimas consecuencias de un proceso judicial los expedientes que correspondan a estas acciones.

La denuncia, pura y simple, de desmanes contra el Estado no constituye por sí misma un disuasivo ni un medio moralizante. Si a las denuncias no se les da la continuidad que establecen las leyes se estimula la repetición del acto delictivo. Si en Migración una mafia cometió los desmanes denunciados por el director de este organismo, que se lleve el caso a los tribunales.

-II-

Otra de nuestras debilidades ha sido no ponerle el debido carácter a problemas tan graves como la inseguridad de nuestra frontera. El propio director de Migración afirma que, en términos reales, no existe frontera entre República Dominicana y Haití porque no hay tecnología ni recursos suficientes para controlar el paso de haitianos y de otras nacionalidades hacia la República Dominicana a través de la línea divisoria.

Un hecho cierto es que la mano de obra haitiana se ha hecho necesaria en la República Dominicana, particularmente en la construcción y las labores agrícolas. Esa necesidad justifica que se establezcan controles migratorios y que las contrataciones sean registradas y reguladas por las autoridades. Quizás la inmigración laboral procedente de Haití sea la menos nociva para los dominicanos, pero ello no justifica que descuidemos los controles.

No puede ser que el control migratorio sea dejado en manos de un número reducido de inspectores y que se carezca de personal suficiente para la vigilancia fronteriza.

Es un hecho cierto que ningún país ha logrado fronteras herméticas. Estados Unidos, por ejemplo, con todos sus recursos humanos, tecnológicos y económicos, no ha logrado sellar como quisiera su línea divisoria con México para contener una migración cada vez más numerosa.

En el caso nuestro, debemos esforzarnos por alcanzar el mayor control posible sobre el flujo migratorio haitiano y de otras nacionalidades. Es necesario mejorar la logística e incrementar los recursos humanos y económicos para esta tarea que, aunque no lo parezca, es parte de la garantía de la seguridad nacional.