Luis Abinader, aspirante a la Presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó ayer que para superar los retrasos y fallas en que han sumergido al país los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se deben introducir cambios radicales en materia de seguridad ciudadana, reforma policial y judicial; calidad del gasto, servicios públicos y otras medidas que contribuyan a prevenir y sancionar el delito, la corrupción y la impunidad.
De igual manera, el líder político condenó que legisladores del partido de gobierno se opusieran a que el director general de la Policía acudiera al Congreso a ofrecer explicaciones sobre el estado de inseguridad ciudadana, por los frecuentes ataques violentos, atracos, asaltos y homicidios que padecen los ciudadanos y sobre la presencia de miembros del cuerpo del orden en hechos delictivos.

“Nuestros legisladores querían conversar con el director de la Policía, incluso para ver cómo se les puede ayudar, porque sabemos que carecen de equipos, materiales y recursos humanos y necesitan operar en mejores condiciones de vida y de trabajo, pero parece que al PLD no le interesa ni le preocupa esa situación”, precisó.

Cuestionó que similar postura asumió el PLD en torno a la creación de una comisión de diputados que indague los pagos hechos por el Gobierno a los publicistas Joao Santana y Mónica Moura. “Es como si ellos estuvieran claros de que están actuando de espaldas a los ciudadanos, y no quieren que el pueblo conozca la realidad de los hechos”, expresó.

Al referirse a la necesidad de un nuevo modelo de transparencia, eficiencia y pulcritud en el manejo de los fondos públicos, Abinader se quejó de que la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas no cumplen con eficiencia sus roles como organismos vigilantes de una sana administración pública, por lo que favorece ser eliminadas, ya que no actúan con efectividad.
En otro orden, Abinader consideró que el aumento de las tasas de interés bancario dispuesto por el Banco Central puede encarecer el costo de la vida, por el aumento de precios del financiamiento, y la calificó como otro parche del ente financiero estatal para ayudar a corregir los desequilibrios fiscales, el despilfarro de fondos públicos y el endeudamiento excesivo en que incurre el Gobierno.