La cadena de apagones financieros, tan real y recurrente, amenaza  agravarse para el resto del año. La deuda por generación con empresas privadas de energía, y que incluye un lastre de años, alcanza  los 540 millones de dólares. La acumulación de incumplimientos se traduce en un déficit de ingresos que, acentúa las precariedades del sistema en perjuicio del país. Esto  se  deriva en parte  por las pérdidas por fraudes y conexiones ilegales. Pero los consumos  que se dejan de pagar en primera instancia caen finalmente sobre  todos los  consumidores vía el pago de impuestos al asumir el Estado tal responsabilidad, lo  que incluye un creciente endeudamiento externo en la esperanza de  reordenar el sistema.

Sin embargo, el costo final de la energía incluye otros factores clave como: plantas obsoletas;  pérdidas técnicas  por líneas defectuosas en las que ha debido invertirse;  la vigencia de contrato onerosos para la generación que sitúan  la electricidad de República Dominicana entre las más caras del hemisferio; la ausencia de sanciones por el hurto de energía en sectores de alto consumo; y la no aplicación  de subsidios focalizados para  las familias que verdaderamente merecen esa asistencia.  Los perfiles de este panorama permiten afirmar  que es al gobierno y a los propios agentes del sector  a quienes toca   la mayor cuota de responsabilidad en el propósito de lograr soluciones.

Predominio del interés grupal

La posición en favor de modificar constitucionalmente  la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura ha dado pie a una confrontación de intereses partidarios   que lo que pretenden es preservar o ampliar cuotas de poder sobre la Justicia Dominicana. No estuvo presente en el debate, que por ahora gana  uno de los sectores en pugna, el propósito de  fortalecer al organismo con más representatividad e independencia para llenar con  idoneidad  sus  funciones.

Esta  contradicción, que ha dividido incluso a legisladores del partido en el poder y amenaza compromisos bipartidarios, surge  por efecto de un pacto que supuestamente aunaría voluntades y legitimaría  decisiones de la Asamblea Revisora. La opinión pública se estará  preguntando  si era necesario llegar a estos extremos para cambiar,  por una situación  coyuntural, unas reglas de juego que nunca causaron problemas.