Por las noches, la adolescente hondureña y su pequeño hijo se envuelven en una delgada manta antes de acostarse en una colchoneta. Las luces son intensas, como también lo es el llanto de los niños. Hay tanta gente dentro del área enrejada que no hay espacio para que su bebé ande a gatas.

Ese es el recuento de la joven de 17 años, una de las docenas de relatos presentados ante una corte federal esta semana por activistas a favor de los menores que están detenidos en el sistema migratorio. Cada cinco días se le permite tomar una ducha y cepillarse los dientes.

Su bebé ya padecía de tos y fiebre, pero no se atrevió a pedir un doctor, por temor de que la solicitud prolongara su encierro en la instalación Ursula de McAllen, Texas, en la que, asegura, lleva casi tres semanas.

“Al tocarlo se siente helado», comentó la joven, de acuerdo a los documentos judiciales, presentados en inglés. “Todos estamos muy tristes de estar encerrados en un lugar como este». Su declaración fue presentada en un tribunal de Los Ángeles que supervisa un acuerdo de larga data sobre las condiciones en las que son retenidos los niños migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.

Adolescentes y niños, detenidos por días o semanas enteras por las autoridades fronterizas federales, describen celdas heladas en las que jóvenes agripados y con ropas sucias padecen de fiebre, vómito y llanto incesante sin saber cuándo saldrán de ahí.

Algunos de los menores viajaron solos a Estados Unidos. Otros realizaron el trayecto con hermanos u otros familiares de los que fueron separados porque el gobierno sólo permite que permanezcan con sus padres o tutores legales. Médicos y abogados encontraron a varias madres adolescentes en los centros de detención, algunas de ellas con bebés recién nacidos en estado delicado. Cinco infantes fueron ingresados a la unidad de cuidados neonatales intensivos de un hospital local después de que un doctor visitó las instalaciones de McAllen, según los documentos de la corte.

Los activistas buscan una orden de emergencia que requiera inspecciones inmediatas a las instalaciones de Texas, acceso a tratamiento médico y la liberación expedita de los niños a sus padres o familiares cercanos en Estados Unidos. Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) se negó a comentar sobre el litigio.

Grupos activistas han presionado durante años al gobierno federal a que cumpla con un acuerdo de 1997 que establecía los parámetros mínimos para la detención de niños migrantes y el proceso de su liberación. Un juez dictaminó previamente que el gobierno retenía a los niños demasiado tiempo y en condiciones adversas, y ordenó que un observador independiente realizara un informe sobre las instalaciones.

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una creciente indignación por la manera en que ha manejado el incremento en el número de familias migrantes y niños que se presentan en la frontera, muchos de los cuales huyen de la violencia doméstica y de pandillas en Centroamérica.

Cinco niños han muerto desde el año pasado después de ser detenidos, y los abogados que visitaron una estación de la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso la semana pasada describieron cómo los menores eran retenidos en condiciones insalubres, con atención mínima, alimentación inadecuada y falta de agua.