Decenas de personas protestaron el miércoles frente al Tribunal Constitucional porque a pesar de que una ley les revalidó la nacionalidad, las autoridades aún no les han entregado sus documentos de identidad.

El proceso de desnacionalización “acabó con nuestras vidas, nos han matado”, dijo a The Associated Press Epifanía Chals al relatar que la negativa de las autoridades a entregarle sus documentos le impidió concluir el bachillerato y realizar una carrera universitaria.

Desde 2007 el registro civil ha negado a Chals, de 34 años, y a miles de descendientes de inmigrantes haitianos copias certificadas de sus actas de nacimiento y cédulas de identidad por considerar que habían sido inscritos de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.

Las acciones del registro civil fueron avaladas por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2013 en una polémica sentencia en la que también ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no contaran con permiso de residencia.

Organismos de derechos humanos estimaban, con base en una encuesta de Naciones Unidas, que la sentencia afectaba a 210.000 descendientes de haitianos. Roberto Rosario, quien preside la institución que administra el registro civil, insistió en diversas ocasiones que sólo 24.000 personas serían afectadas.

Meses después reconoció que el número era mucho mayor. “Esa sentencia (del Tribunal Constitucional) es maléfica, es una vergüenza”, dijo la diputada opositora Guadalupe Valdez durante la protesta frente al Tribunal Constitucional. Juan Casey, uno de los afectados por la desnacionalización, recorrió el frente del Tribunal con un ataúd a cuestas en el que se leía: “Nos han matado civilmente”.

Ante la presión de organismos internacionales y de otros gobiernos en contra de la desnacionalización, el Congreso aprobó a mediados de 2014 una ley para revalidar la nacionalidad a los afectados y el registro civil difundió este año una lista de 55.000 personas a quienes les reconocería la nacionalidad.

Aunque “centenas de personas han podido conseguir o recuperar sus documentos” desde la publicación de la lista, la ley “no ha solucionado todos los problemas creados por la sentencia”, dijo en un comunicado Chiara Ligouri, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional. Chals aseguró que, aunque está entre esos 55.000 beneficiarios, el registro civil aún se niega a liberarle su acta de nacimiento con una serie de trabas burocráticas.

Rosario explicó el miércoles a periodistas que esa institución ya cumplió lo que el Tribunal le pidió hace dos años: “Se le pidió que hiciera una auditoría al registro civil desde 1929 y esa auditoría se practicó y se ejecutó de manera exitosa”, pero no explicó las razones por las que aún retiene documentos a quienes la ley favoreció.

“Los verdaderos afectados continuamos con la vida en suspenso, con la vida en un limbo”, dijo Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do. Además de que la falta de documentos impide a los afectados realizar cualquier trámite civil como estudiar, casarse, obtener un empleo formal o abrir cuentas bancarias, también los pone en riesgo de una eventual expatriación, recordó Belique.

Debido a que no cuentan con documentos de identidad, los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional están en riesgo de ser detenidos y expulsados.

El gobierno no ha presentado ningún mecanismo que garantice que estas personas no serán deportadas, comentó en un comunicado fechado en Washington la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy.

“Los militares y oficiales de migración se basan en características raciales cuando realizan redadas migratorias, deteniendo a dominicanos negros junto a migrantes, incluso cuando tienen documentos de identidad dominicanos”, explicó Santiago Canton, director ejecutivo de la organización.