Una negativa rotunda al aumento de las penas a los menores que delinquen fue la respuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) Finjus, la Pastoral Juvenil, el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, así como  de  decenas  de organizaciones y personalidades, al proyecto  de reforma al Código del Menor.

El rechazo fue externado por 49 de las 52 entidades que a través de sus representantes evaluaron la pieza en las vistas públicas organizada por la comisión de Justicia del Senado, que preside el senador Francis Vargas, de Puerto Plata.

 María Jesús Conde, de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez (Unicef) dijo que la inseguridad no es causada por la adolescencia.

Citó cifras según las cuales de unos 22,300 presos que tiene el país, apenas 575 son menores, lo que representa apenas un dos por ciento de la población carcelaria.

Marginados. Significó que los menores que delinquen pertenecen a los grupos más marginados de la población.

Citando al ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, la señora Jesús Conde dijo que una nación no se conoce por la forma en que trata a los poderosos, sino a los necesitados.

Las instituciones que integran la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (Cejnna), o sea, el Consejo Nacional para la Niñez, el Poder Judicial, la Oficina Nacional de Defensoría Pública, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Atención Integral a las Personas Adolescentes, entre otras, emitieron su total desacuerdo con el aumento de las penas a los menores.

¿Un “bacá”?     Durante la jornada, en que los diputados que aprobaron el aumento de las penas fueron calificados por algunos como abusadores e irresponsables, el joven Candelo Charles, que representó a los bateyes del Sur, definió el proyecto como un «bacá» o monstruo que atrapa y se come poco a poco a los niños hasta que mueren.

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el incremento de las penas es incorrecto y conduce a un sistema de persecución penal ineficiente.

Viola Carta.  El jurista de Finjus dijo   que el proyecto que reforma el Código del Menor es incluso contrario a la Constitución y al sentido de la justicia.

 Dijo que el país tampoco cuenta con un sistema capaz de acoger en condiciones óptimas a los menores que delinquen.

Prevención. Al intervenir, el vicepresidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal, doctor Ricardo Rojas León, advirtió que triplicar las penas a los menores que violan las leyes sin adoptar otras medidas de naturaleza social, preventiva y socioeducativa, no resuelve el problema de la delincuencia.

Sostuvo que el problema del auge de la delincuencia es el producto de una serie de factores sociales, económicos, culturales y de desintegración familiar que el incremento de las penas no resuelve.

Rojas León indicó  que aquí no hay ningún tipo de programa preventivo que reoriente a los jóvenes que desertan de las escuelas ni hay seguimiento en los barrios de cuáles jóvenes estudian o no y por qué.

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Respaldan

El doctor Trajano Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, dijo que el aumento de las penas a los menores constituye “una necesidad imperiosa” para enfrentar el problema de la delincuencia. Consideró anacrónico que ante un crimen grave se apliquen penas de cinco años. Señaló que las leyes sólo son un disuasivo y llamó al Senado a que asuma su rol sin aceptar presiones. Refirió que España, Chile y Costa Rica, que es un modelo de democracia, aplican penas mayores que las de aquí contra los menores que violan las leyes.