Washington. Al menos 50 personas marcharon hoy desde la sede de la OEA hasta la Casa Blanca para pedir al Gobierno de EE.UU. que presione al de República Dominicana para que modifique su política migratoria y ponga fin a la deportación de personas de origen haitiano nacidas en territorio dominicano.

Entre 50 y 60 personas, según los organizadores, se congregaron ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, que esta semana publicó un informe sobre la situación migratoria en República Dominicana y Haití, y marcharon hasta la Casa Blanca.

“Pensamos que ir hasta la Casa Blanca sería simbólico, porque la Administración (del presidente estadounidense, Barack) Obama ha hecho oídos sordos completamente ante esta crisis”, dijo en una conversación telefónica con Efe France François, una de las organizadoras de la protesta.

“Creo que Estados Unidos debería replantearse su relación bilateral y comercial con la República Dominicana hasta que se terminen estos abusos”, añadió François, una estadounidense hija de inmigrantes haitianos en Estados Unidos.

La activista recordó que Estados Unidos es el principal destino del comercio exterior de la República Dominicana, y que Washington “proporciona ayuda militar” a Santo Domingo “que ahora se está usando para sacar a la gente de sus casas y empujarlos hacia la frontera” con Haití.

“Creo que Estados Unidos debería eliminar ambas cosas (la ayuda comercial y militar) hasta que afronten esta situación”, afirmó François.

Los organizadores de la protesta, que en junio hicieron otra marcha hasta la embajada dominicana en Washington, han iniciado una recogida de firmas en una petición en la web de la Casa Blanca.

La solicitud insta al Gobierno de Obama a “emplear su poder político y económico para insistir en que la República Dominicana restaure la ciudadanía integral a los haitianos-dominicanos y permita un verdadero debido proceso para que los migrantes haitianos puedan regularizar su situación».

El miércoles, una misión de la OEA que visitó la República Dominicana y Haití alertó en un informe sobre la existencia de desplazados “en condiciones precarias” y de que hay personas “en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida».

Según François, no obstante, ese informe “fue muy blando, no dijo nada que no se supiera ya”, y consideró que ya ha habido “suficientes informes” sobre la situación en la isla caribeña y ahora es necesaria la presión de Estados Unidos.

François pertenece a la Asociación de Profesionales Haitianos (AHP) de EE.UU., que prevé presionar la próxima semana al Congreso estadounidense para que apruebe una resolución condenando la “crisis” de derechos humanos en la República Dominicana.

En 2013, una polémica sentencia del Tribunal Constitucional dominicano negó la nacionalidad a los descendientes de indocumentados nacidos en su territorio, la mayoría haitianos.

El Gobierno dominicano lanzó este año un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros al que se acogieron más de 288.000 personas, pero muchas organizaciones temen que decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana se queden apátridas, al no ser reconocidas por ningún país. E