WASHINGTON .- Horas después que la Corte Suprema dejara su política migratoria en el limbo, el presidente Barack Obama se refugió alrededor de una larga mesa de conferencias en el Salón Roosevelt con activistas decepcionados. El presidente miró sus rostros, ahora familiares, algunos llorosos. Fue una lucha larga y difícil, dijo Obama, quien se llevó algunas palizas, incluso de simpatizantes que “me fustigaron por mi bien”, según dijo.

Él creía que sus políticas prevalecerían, según los participantes en la reunión, pero dijo que ahora corresponde a los votantes y el próximo presidente tomar el relevo. Con ello, Obama dio lo que sería el discurso de concesión de la derrota de una lucha que lo frustró como pocas, que enturbió la campaña reeleccionista y que, con certeza, pondrá a prueba a su sucesor.

Cuando Obama deje el cargo en enero, la reforma migratoria permanecerá como el fracaso más evidente en su esfuerzo de siete años y medio por promulgar su visión de cambio social para Estados Unidos.

Pese a dos campañas llenas de promesas y múltiples estrategias, Obama sólo impuso cambios incrementales y, en gran medida, temporales al sistema de inmigración. Deja atrás un sistema anticuado y abrumado, con unas 11 millones de personas viviendo de manera ilegal en Estados Unidos.

Detrás de ese fracaso, el legado de Obama será juzgado por una mezcla de políticas a veces contradictorias, algunas destinadas a sacar a los inmigrantes “de las sombras”, y otras para sacarlos de Estados Unidos.

Será recordado por proteger a 730,000 jóvenes, una generación de los llamados `dreamers’ o soñadores, que fueron llevados de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños. Defensores y aliados le darán crédito por abrazar una reciente afirmación agresiva del poder ejecutivo que, pese al bloqueo de la corte y a los políticos de oposición, sigue siendo una vía legal para el próximo presidente.Se le

recordará como un líder que, de manera constante, defendió la importancia de los inmigrantes en la vida estadounidense, mientras el sentimiento anti-inmigrante creció en diversos lugares de Estados Unidos y del mundo. “La inmigración no es algo que temer”, dijo Obama la semana pasada. “No tenemos que aislarnos de aquellos que no pueden parecerse a nosotros en este momento o no rezan como lo hacemos, o tienen un apellido diferente”. “Lo que nos hace estadounidenses”, proclamó, “es nuestro compromiso compartido con un ideal de que todos somos iguales, que todos tenemos una oportunidad de hacer de nuestras vidas lo que queramos”.

Pero Obama también será recordado como un presidente que dio prioridad a otros asuntos, y que desaprovechó quizá la mejor oportunidad para aprobar una legislación migratoria completa y profunda y ajustar, de mala gana, su estrategia frente a la firme oposición que la reforma aún conserva.

Su gobierno ejecutó de forma agresiva las leyes migratorias vigentes, al deportar a más de 2.4 millones de personas. El total es casi tanto como sus dos predecesores juntos. “Su estrategia al inicio fue demostrar su buena fe por cumplir la ley”, dijo Janet Murguia, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, un grupo defensor de la inmigración, que alguna vez etiquetó a Obama como el “deportador en jefe”.

“Enfrentó a una oposición en el Congreso sin precedentes, altamente polarizada en su contra por razones personales”, agregó. “Lo culpamos, creo que de manera correcta, por no reconocer lo suficientemente pronto esta intransigencia del Congreso y por no utilizar antes su autoridad”.

Evaluar el legado de Obama es cuestión de comparar dos columnas. Una es el número de gente que protegió de ser expulsada y otra el número de deportados. La semana pasada la Corte Suprema estadounidense hizo bastante para inclinar la cuenta hacia la segunda columna. Con su empate 4-4, frustró la última oportunidad de Obama para proteger a más de 4 millones de personas de la deportación. La decisión dejó en su lugar una orden judicial que congela su acción ejecutiva de 2014, que extendió su protección a los `dreamers’ y protegió de manera temporal a algunos padres de personas con estatus legal.

El estancamiento dejó sin resolver la constitucionalidad de la acción, pero tuvo un impacto significativo en el legado de su gobierno.