Después de la partida del FMI y de sus dramáticos señalamientos, la declaración del Gobernador del Banco Central resultó oportuna, animando al país para que confíe en su futuro y en la capacidad del gobierno para superar los obstáculos y desbarajustes heredados de la pasada administración.

Si bien el Fondo se refirió al bajo nivel de reservas (dos meses de importación) y a los desajustes en las cuentas externas, que en su momento deberán aclararse, identificó el área fiscal y eléctrica como los problemas principales de la economía dominicana, temas que son competencia del Ministerio de Hacienda y la CDEEE.

Ya oímos al Vicepresidente de la CDEEE, que ofreció datos sobre las deudas de la pasada gestión, que estremecieron al país. Pero falta mucha tela que cortar, como las deudas dejadas por el Ministerio de Obras Publicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado, incluyendo los onerosos contratos grado a grado de grandes obras sin terminar pero con comisiones ya cobradas. Lo mismo puede decirse de Salud Pública, Agricultura, INDRHI, INAPA, y el resto de las cien instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, algunas casi desconocidas, pero con grandes deudas asumidas con empresas vinculadas familiarmente.

Revelar esas deudas le compete a cada organismo, como le compete al Ministerio de Hacienda informar cuál es el déficit fiscal del país. 

Podría pensarse que si el resto del gobierno se destapa y hace lo mismo que el Vicepresidente de la CDEEE, se armaría la de Troya ya que el escándalo sería tan grande que podría distanciar a Leonel y a Danilo y crear un serio problema de gobernabilidad, bloqueando futuras iniciativas del gobierno en el Congreso.

Pero nos preguntamos ¿qué pasará en una negociación sector público y privado para un alcanzar un pacto fiscal? Lo primero que pedirán los que pagan impuestos, es el dato real sobre el tremendo déficit acumulado a la fecha y después las medidas para reducirlo sustancialmente, comenzando por los recortes al gasto público.

Si esas condiciones no se cumplen dudo mucho que se logre algún consenso y esa es una poderosa razón para terminar en lo mismo de siempre: otra reforma al vapor, como ha sucedido en cuatro ocasiones anteriores, aprovechando la aplastante mayoría parlamentaria del partido gobernante.

También hay en el gobierno una corriente fuerte que se opone a un acuerdo Stand By con el FMI. Piensan que la dureza de ese acuerdo pondría en serios apuros al Presidente Medina aunque el costo político lo pagaría Leonel Fernández, artífice de la corrupción y el desastre financiero del país.

Esa corriente piensa en una salida salomónica de corto plazo que incluiría una reforma de bajo calibre que recaude unos RD$20,000 millones, reducción del gastos por una suma equivalente, mantener en vigencia los impuestos que se derogan por ley en junio del próximo año y presentar un presupuesto para el 2013 con un déficit de 4% del PIB, menor al del 2012 que se estima en un 6%. A eso le agregamos una posible amnistía fiscal y la revisión de la ley de capitalización.  

De elegir esta opción, quedaría por resolver la obtención de recursos externos suficientes para financiar el presupuesto del 2013 y asegurar el pago de la deuda pública.    

De darse este escenario, la crisis se agravará un año después y será Danilo el que pagará el costo político de la misma, quedando Leonel Fernández liberado de toda responsabilidad.

Todas estas reflexiones sirven al menos para entender las complejidades del momento y la importancia de ir tomando decisiones para despejar el ambiente de incertidumbre que invade a los dominicanos.