Carnaval Electoral es el nombre de un trabajo audiovisual estupendo. Su difusión ha sido limitada. Los realizadores, un francés y una dominicana, son muy celosos con el cumplimiento de las leyes que pautan y protegen el derecho de autor. Algunos osados lo exhiben, eludiendo las restricciones impuestas por sus dueños. El trabajo registra imágenes de campaña, el desparpajo y gozo, cuando se enfrentaban: Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, Jacobo Majluta. Divierte. Engatusa. Porque hay más que el choteo electoral, la competencia de denuestos, el alarde de creatividad, y es necesario saberlo. Con excepciones que siempre encabezarán los libros especializados de Ángela Peña, el relato de las jornadas electorales criollas se queda en lo folclórico. Es el rumor público comandando. La repetición de insultos, la invectiva para comprometer la dignidad de los participantes, la despiadada descalificación de los veedores del proceso. Las amenazas. Ha ocurrido antes y después de las reformas. Mujeres y hombres expuestos a la difamación, sin ánimo ni costumbre de reclamar excusas, menos pedir sanción. Después del tiranicidio, hito inolvidable es la sorpresa del 1962. Hasta la fecha, el camino ha sido escabroso y el fardo pesado. Empero, hay conquistas innegables que reclaman perfección, permanencia. Las caravanas electorales transitan, causan revuelo y los órganos electorales trabajan. Y mucho. La vocería encargada de repartir culpas, de atribuir la comisión de infracciones sin querellas, cumple su agenda, sin reparos. Al margen de plazos y prescripciones, de mandatos y pruebas. Dispuesta a hostigar, desdeñando la inquietante realidad, también el esfuerzo en procura de procesos electorales satisfactorios.
El pasado 5 de julio fue lanzada una flecha por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, desde el podio dispuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada -CONEP-. “El Financiamiento de las Campañas Electorales” es el título de la conferencia pronunciada. El contenido amerita estudio, contradictores, también asusta. Produce escalofrío. Ese estupor consecuencia de situaciones que el engaño no encubre ni elimina. Existen, aunque se acallen.
Decir y hacer es importante. También es importante, investigar, antes de decir. Es imperativo trascender la emoción. La alharaca de la medianía. La burla entretiene pero no detiene ningún alud. Los datos contundentes, expuestos por el presidente de la JCE, trascienden mezquindades. Obligan a la reflexión y a la acción.
Asombro provocaron sus revelaciones. “Cómo”, “no sabía” se escuchaba por doquier con cada aseveración del antiguo presidente de la JCE periodo 2006-2010 y actual regente del organismo. Antes de alertar sobre el “pandemónium” que provoca la sinrazón del voto preferencial, Castaños Guzmán expresó: “desde el año 1998, que fue cuando inició el financiamiento público y hasta la fecha, al amparo de la Ley 275-97 y sus modificaciones, el Estado dominicano ha entregado, al día de hoy, a los Partidos Políticos, la suma de RD$ 12,220,000,000.00”. Augura, que el monto podría ascender, para el año 2020, “a no menos de RD$15,680,443,394.00”.
La mención de la demografía electoral, es mortificante. El estimado arroja, para el año 2020, 7,834,000 electores. La oferta, para los tres niveles de elección popular, es de 4,106 cargos. Desde el 1998, la población con capacidad para elegir, ha aumentado 3.7 millones. Desmesura turbadora. Mientras tanto, la mayoría desconoce o disimula, prefiere el fandango. La arremetida que concita aplausos. Nerón y su lira.
La proeza electoral del 1962 es referente obligatorio. Nadie imaginó tal respeto a la institucionalidad recién estrenada. Desde entonces, con campañas aviesas, baldones y blasones para la JCE, abstención, intervención, interrupción, violencia, mitrados, fraudes, procónsules, notables, la celebración de elecciones ha ratificado la democracia. De aquellos primeros vehículos exonerados que reportó el Gobierno de García Godoy, para repartir entre los partidos participantes en las elecciones del 1966, a la asignación de ¼ % de los ingresos nacionales, para los años no electorales, y ½ % para los años electorales a los partidos, existe un discutible abismo. La realidad electoral dominicana fue expuesta. Sirve como advertencia. Alegar ignorancia sería fatal.