La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico Participación Ciudadana tienen posiciones encontradas respecto a la decisión de la Asamblea Revisora de limitar el campo de acción del nuevo tribunal constitucional.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que esa decisión no es saludable porque limitaría el poder del ciudadano para el amparo y el Hábeas Corpus.
Es positivo que el tribunal constitucional no revise decisiones que previamente tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque hay un aspecto de seguridad jurídica, pero de ahí a que se limite en el futuro poder introducir un amparo contra una decisión judicial en esa jurisdicción, eso no es saludable, dijo.
Señaló que el Tribunal Constitucional actúa de manera diferente a los demás poderes del Estado, y que está contra la lógica que si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional están sometidos a su control, no lo esté la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Es decir, que el tribunal constitucional tiene el control constitucional de las normas, leyes y decretos, y respecto a lo que son las sentencias, tiene la revisión de amparos ordinarios y Hábeas Corpus, señaló.
Importante decisión. Para Participación Ciudadana, la decisión de la Asamblea Revisora es muy importante, porque con esas limitantes se evitan los temores de sectores de la sociedad respecto a que el Tribunal Constitucional trate de revisar casos que han sido fallados por la SCJ, sobre todo, condenas a personas vinculadas a fraudes y a actos de corrupción.
Javier Cabreja, director ejecutivo de la entidad, dijo que esa limitación de facultades al tribunal constitucional además evitará que haya confrontación entre esas dos instancias de la justicia dominicana.
Otro de los peligros puede ser que se conozcan fallos en la SCJ y por cada uno se intente elevar una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional, lo que haría interminables los procesos.
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La duda de Finjus
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán manifestó que la Fundación Institucionalidad y Justicia no está convencida de la decisión de la Asamblea Revisora sobre el tribunal constitucional, y afirmó que en el supuesto caso de ser cierto, los asambleístas desconocieron el informe de la Comisión de Verificación de la reforma a la Carta Magna donde confluyeron todos los partidos políticos.