Los padres de un menor de 14 años que asegura haber sido violado por el padre Domingo Espinal, expresaron indignación por la decisión del procurador Víctor Céspedes de desestimar la querella contra el sacerdote y rechazaron la oferta de entregarle una vivienda al adolescente y garantizarle la educación a corto y mediano plazo.

Ayer, la directora del Departamento de Familia y Menores de la Procuraduría General de la República, doctora Elisa Sánchez Pujols, admitió ayer que en el proceso de investigación sobre la querella en contra del padre Domingo Espinal no contó con la anuencia del director de la escuela que el religioso dirigía ni pudo entrar a la habitación de su casa curial.

Los familiares del niño supuestamente abusado advierten que ante la negativa de justicia de la Procuraduría General de la República, procederán en lo adelante a apoderar de manera directa a un juez.

Agregan que su indignación es mayor porque se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación, sin ser notificados por el Ministerio Público.

Sostienen que su hijo «no necesita de esas concesiones que parecen más bien ser una transacción de consolación ante la impunidad para comprar el silencio de él y de sus parientes».

Los padres del menor, cuyos nombres hacemos reservas por razones legales, sostienen que la comisión que investigó el caso «retorció la justicia» y les ocultó documentos a que tenía derecho como querellantes.

«Nuestra familia, severamente lastimada emocionalmente por un hecho que implicó una investigación traumática, particularmente la víctima, se encuentra devastada al ver el cambio de actitud de las autoridades con conclusiones en base a una investigación obsequiosa para Domingo Espinal y totalmente diferente a que demostraba la culpabilidad del susodicho», precisan.

Agregan que les resulta «lacerante» ver como la Procuraduría basó su decisión sobre la investigación de Elisa Sánchez, «que corrompe tanto las pesquisas originales como los estudios forenses y muy específicamente la prueba más contundente que barre con cualquier otra consideración: la confesión de las partes».

Aseguran que la doctora Sánchez esta consciente de que el reverendo Espinal, en grabaciones aprobadas por la Procuraduría no sólo admite el abuso, sino que pide perdón a la víctima y le promete que no volvería a suceder.

Sostienen que la Procuraduría ahora pretende distraer la atención del público calificando de homosexual nato a su hijo, como parte de un asunto hereditario que tiene presente en la familia.

Y agregan que para hacer más grotesca la «maniobra» para exonerar de culpa al sacerdote, se establece un estudio que lo presenta con «disfunción eréctil o impotencia secundaria».

Los padres del adolescente dicen sentirse burlados y como una familia que carga con «ese abuso que constituye dolor, vergüenza y afrenta, pero que no se detendrá a llorar frustrada ante la promiscuidad de un poder que ha permitido al reverendo el escape fácil por la vía de las influencias».

[b]INVESTIGACIÓN LIMITADA[/b]

La doctora Sánchez Pujols dijo que en la escuela y la casa curial no pudo obtener mayor información, a pesar de que fueron elementos básicos en la investigación de la querella por ser donde supuestamente ocurrieron los hechos, la doctora Sánchez Pujols dijo que sin embargo se «pudieron tomar fotografías» y sólo se pudo acceder al primer piso de la casa curial, pero que las habitaciones del padre Domingo son «estrictamente privadas».

«Subimos a la casa curial pero no llegamos a esos otros niveles porque no tuvimos la aquiescencia de la persona que actualmente dirige toda esa estructura», dijo Sánchez Pujols.

Dijo que existen fotografías donde se investigó la casa curial, y que se insistió en el primer piso porque en este piso en el que pernoctaban los profesores.

Señaló que las reglamentación de las casas curiales plantea el problema de si seguir el derecho ordinario o del Concordato entre el Estado dominicano y el Vaticano.

«Eso implicaba que si aplicábamos las leyes del Concordato se iba a involucrar a la instancia judicial de la Iglesia y que por eso se decidió seguir el derecho ordinario», explicó.

La magistrada enfatizó que cuando se presentó la segunda parte que es cuando el padre llega de los Estados Unidos ya el Procurador General de la República había tomado iniciativas, posición pública sobre el problema y había comunicado formalmente la suspensión de esa persona del Ejército Nacional.

Explicó que cuando se abocó a la investigación, hizo varias cosas, fortaleciendo la investigación porque en un principio había elementos que faltaban, como por ejemplo la información suministrada por la sección psicoterapéutica de la Policía donde se le hizo una evaluación mental al menor que fue firmada de orden.

Dijo que se hizo la investigación desde el punto de vista técnico-legal, de la normativa procesal vigente y la ley 24-97. «En esos hallazgos comprobamos primero, que en el lugar donde el menor dijo que fue violado sus condiciones de vigilancia y seguridad no permitían la ocurrencia de ese hecho. Segundo: las condiciones del tiempo en marco del cual se ha inflingido la ley para la comisión de cualquier tipo de delito no se confirma», expresó.

Dijo que el menor planteó que fue violado en noviembre del 2002. El padre biológico que lo lleva a una institución de apoyo social dijo que fue en febrero del 2003, la madre dice que fue en junio del 2003.

«Nosotros agarramos toda esa información para analizar el tiempo que nos permita a nosotros técnicamente en el orden legal imputar, constatamos que la persona acusada no estuvo en el país, esta información es comprobada con sus respectivos pasaportes y de una certificación», señaló.

Dijo que en materia de abuso sexual es una cuestión demasiado lesiva y humanamente desgarrante que un menor de edad haya sido violado sexualmente por el director de una escuela y la escuela «No se diera cuenta».