Al doctor Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, le va a resultar muy difícil convencer al país de que su decisión  de no recurrir el auto de no ha lugar que favoreció al ingeniero Félix  Bautista es una forma de luchar –como afirma– contra el hasta ahora invencible flagelo de la corrupción,  sobre todo a los sectores que en los últimos  días estuvieron  pidiéndole con tanta vehemencia que no se dé por vencido,  que es su obligación llevar las acusaciones contra  el senador por San Juan y Secretario de Organización del PLD hasta las últimas consecuencias. Su argumento de que la mayor sanción moral ante la falta de responsabilidad exhibida  por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuya mayoría –alega– ya se ha pronunciado a favor de la impunidad, es el desconocimiento de  esa instancia resulta anacrónico, pues a estas alturas es evidente que a los involucrados en este lamentable episodio  ese tipo de sanción le importa un bledo. Para colmo, su anuncio de que solicitará al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para tratar   la situación en que se encuentra el sistema de justicia se parece más a una distracción, por improcedente y extemporánea, que a una propuesta de solución    viable. Y es por eso que ha recibido  inmediato y amplio rechazo,   empezando por los juristas  que advierten sobre las limitaciones constitucionales  del CNM tanto para sancionar a los jueces involucrados como para “discutir y evaluar” la crisis del Poder Judicial, como pretende Domínguez Brito. ¿Esas limitaciones  las ignora el Procurador, obligado como el que más a conocer la Constitución?  Por eso creo que al funcionario le va a resultar muy difícil, para no decir imposible, convencer al país  de que  la conveniencia política no estuvo detrás de la decisión con la que le abrió otra puerta, valga la ironía, a la  impunidad que tanto dice haber combatido, al menos de la boca para fuera.