La aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y la designación de sus 13 jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fuera de los plazos establecidos por la Constitución quedarían, por esa misma razón,  viciadas de nulidad.

 Así lo entienden seguidores del acontecer congresual al plantear que ya es prácticamente imposible que el Congreso y el CNM puedan cumplir con el mandato de la ley sustantiva de aprobar la ley orgánica e integrar el Tribunal Constitucional antes del 26 de este mes.

Impasse.  De hecho, en las cámaras legislativas aún se mantiene el impasse sobre si el TC debe mantener o no supremacía en materia constitucional sobre la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Sobre el particular,  poco o nada ha hecho por sacar a las partes del tranque la comisión especial designada por el presidente Leonel Fernández en procura de un acuerdo.

Las posiciones encontradas  las mantienen tanto congresistas como altos funcionarios del Gobierno y expertos en materia constitucional.

Sin embargo, los entendidos no ven forma de legitimar la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional violando los mandatos que, al efecto, consignó la carta sustantiva de la nación a través de su segunda disposición transitoria.

Nulidad.  Al efecto, recuerdan los dispositivos del artículo seis de la Carta Magna, según el cual “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

 Citando el mismo artículo, recuerdan también que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas –y el Congreso y el CNM lo son- están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

 Pese a estos planteamientos, los entendidos, que ya no ven salida legítima a esta situación, tampoco vislumbran que vaya a producirse una crisis, ya que, sostienen, la debilidad institucional cubrirá las justificaciones infundadas a las decisiones del Congreso y el CNM.