POR LOYDA PEÑA,  DIEGO PESQUEIRA
Y FERNANDO QUIROZ
Aún cuando la Suprema Corte de Justicia dispuso ayer la inmediata libertad del diputado Guillermo Radhamés Ramos García, condenado por tráfico de personas, el procurador general Francisco Domínguez Brito anunció que lo mantendrá en presión en razón de que casi al mismo tiempo la Cámara de Diputados lo despojo de su fuero privilegiado.

La Suprema Corte, en su falló, advirtió que ningún legislador puede estar en prisión mientras la legislatura esté abierta, tal y como establece el artículo 32 de la Constitución.

Dispuso, sin embargo, que tan pronto cierre la actual legislatura, Ramos García, sea apresado y enviado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

El tribunal estuvo presidido por el juez Rafael Luciano Pichardo, debido a que el presidente Jorge Subero Isa, se inhibió ante amenazas de recusación de la defensa de Ramos García.

EL PROCURADOR

Anoche, el procurador general Francisco Domínguez Brito, dijo que mantendrá en prisión a Ramos García pese a la decisión de la Suprema Corte de Justicia porque ya la Cámara Diputados revocó la inmunidad parlamentaria a ese legislador.

Domínguez Brito declaró que pese a los «serios obstáculos» con los que se encuentra para combatir la corrupción reafirma su lucha contra la impunidad que ha existido en el país.

EN EL CONGRESO

La Cámara de Diputados despojó ayer de su inmunidad parlamentaria a Radhamés Ramos García luego de tres horas de debates. La medida recibió el voto favorable de 100 de los 102 legisladores presentes.

En contra del desafuero votaron Cristian Encarnación y Aníbal Sánchez Santos, ambos compañeros de Ramos García en el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La petición de retirar el fuero fue presentada por el diputado Abel Martínez Durán, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago. La sesión se inició a las 12:45 y concluyó a las 5:35 de la tarde de ayer.

En los debates intervinieron 16 legisladores incluyendo el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

Los diputados del PRD, incluso los que votaron a favor de despojar de la inmunidad a Ramos García, calificaron a los oficialistas de ser “moralistas de hojalata», y cuestionar la actitud del gobierno frente a lo que consideraron impunidad para los involucrados en los casos del Banco Intercontinental (Baninter) y el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME), además de que la administración del presidente Leonel Fernández designó como funcionarios a personas que están acusadas ante los tribunales de diferentes delitos, entre ellos estafas contra el Estado.

También cuestionaron la actuación del ministerio público y acusaron a los fiscales de violar todos los procedimientos procesales y constitucionales en el «caso de Ramos García».

Finalmente Pacheco aseguró que con una votación positiva los legisladores contribuirían a que el estamento donde se tiene que resolver ese caso de Ramos García pueda concluir de manera definitiva. Así, concluyeron los debates y se sometió a votación el proyecto que retiró la inmunidad a Ramos García.

En contra de retirar la inmunidad de Ramos García hablaron Juan Roque Jerez, Eugenio Cedeño, Aníbal Sánchez. 

Participaron en los debates José Ricardo Taveras (Fuerza Nacional Progresista-FNP-Santiago); Ramón Agramonte, Cristian Paredes, Leiving Guerrero, Ramón Pimentel, Radhamés González, Bernardo Sánchez, Jorge Frías, Glovis Reyes Anglón y Ruddy González, del PRD; Ovi Saldívar, del PRSD, Fiordaliza Estévez y Martínez Durán, del PLD.

EL CASO

Ramos García, diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por La Vega, fue apresado el pasado día tres por orden de la Procuraduría General de la República, luego que la Suprema Corte lo encontró culpable de violar la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas, al emitir tarjetas de turistas a 17 malayos, chinos y singapurenses, a quienes posteriormente ayudó a penetrar por la frontera en horas de la noche cuando era cónsul en Cabo Haitiano.

La Suprema Corte aunque condenó a Ramos García a 18 meses de prisión correccional pero no le retiró su inmunidad parlamentaria y la legislatura se encontraba abierta al momento de emitirse la sentencia.

El ministerio público había solicitado a la Suprema Corte despojar de inmunidad a Ramos García, petición que fue negada.

Conforme al artículo 32 de la Constitución, Ramos García solamente podía ser apresado en caso de que el Congreso lo destituyera como diputado, luego de conocer un juicio político con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los senadores. Previo a este proceso la Cámara de Diputado debe recomendar ante el Senado ese juicio político con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros.

Los abogados Artagnán Pérez Méndez y Francisco Hernández, defensores de Ramos García, afirmaron que se había hecho justicia en el caso de su defendido, tras señalar que la Procuraduría había cometido una violación constitucional y un abuso de poder.

Indicaron que el artículo 32 de la Constitución dice que «ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen».

Junto a Ramos García fueron condenados a pena cumplida los asiáticos Chen Ngom Chai y Ng Choon Seng, acusados de complicidad en el tráfico de 17 orientales desde Haití a la República Dominicana el 6 de junio del 2002.

Ramos García, a las 5:00 de la tarde hizo un escándalo en la cárcel de Najayo reclamando que se cumpliera la sentencia y se le pusiese en libertad.