Sin darnos cuenta, estamos siendo protagonistas de un nuevo maniobrar de los políticos para desprenderse de temas candentes, sin cargar con las responsabilidades para que desde fuera aconsejen lo más conveniente, salvándole la cara a los políticos criollos, que justificarían sus decisiones en base a lo que recomendarían los consultores internacionales.

Para el caso de la cementera de Los Haitises, en donde estaban envueltos los intereses de unos favoritos del régimen, a los cuales se les han otorgado jugosos contratos de obras civiles, el gobierno no decidió nada hasta que las Naciones Unidas no fueron consultadas y recomendaron que no se construyera en el sitio de Gonzalo.

Naturalmente se conocían del apoyo y simpatías gubernamentales para la cementera y creían que podrían llevarla a cabo por encima de quienes trataban de oponerse a la misma. La reacción popular frenó los ímpetus oficiales, y para salvar la cara, y que otros cargaran con la responsabilidad de prohibir la construcción, se buscó una fuente externa que opinara en contra de la misma. De esa manera el sector oficial se lavó las manos y quedó bien con sus protegidos, que hasta recuperaron sus inversiones con contratos más jugosos en otras áreas.

Y con ese nuevo estilo de traspasar a organismos internacionales la papa caliente de problemas que afectan la gobernabilidad por la oposición de la opinión pública,  se logra el objetivo de no ofender al sector local que se vería afectado y se deja de lado la mano fuerte y drástica de tomar decisiones que conserven la autoridad de los gobernantes. Esta mano fuerte ha estado ausente de casi todas las acciones gubernamentales, lo cual ha ido generando una inconformidad generalizada que influye en consolidar la creencia de que el país marcha manga por hombro.

Y el tema más candente que conmociona a los dominicanos, como se confirma en las encuestas Gallup-Hoy, es que la corrupción está avanzando y que el gobierno no hace nada para enfrentarla. Aplicar sanciones a los funcionarios por los distintos casos de evidente corrupción, sería provocar enemistades que políticamente no le conviene al partido oficial. En consecuencia se recurre de nuevo a una fuente externa para que digan dónde está radicada la corrupción en la burocracia dominicana.

Es de esperar que los organismos internacionales, llamados para colaborar a señalar la corrupción, no van a ser tan ingenuos de sumergirse en el fango de las ambiciones de los políticos dominicanos. Lo más seguro es que tales organismos no se comprometerán a dar recomendaciones condenatorias por la corrupción existente. Simplemente sugerir mecanismos de control.

Los organismos internacionales, consultados para combatir o señalar la corrupción oficial utilizarían un lenguaje diplomático, recomendando acciones para mejorar la administración de los fondos públicos, sin ir al meollo de lo que preocupa a los dominicanos: de ver cómo se frena que sigan dilapidando los recursos oficiales, que ni siquiera alcanzan para reparar goteras de una escuela rural.

El informe que evacuen los organismos internacionales para determinar si hay corrupción oficial, probablemente sería muy general, sin señalar los corruptos y el gobierno, si quisiera, podría deshacerse de quienes han manchado malamente su actual gestión gubernamental.