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POR ODALIS MEJIA Y DIEGO PESQUEIRA
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que se siente preocupado ante los sucesivos dictámenes en favor de funcionarios públicos acusados de diferentes casos de violación a las leyes. Dijo que desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial hay que hacer una gran reflexión luego de las sentencias emitidas en los casos del rockash, los invernaderos, el Plan Renove y de la anterior Procuraduría.
Domínguez Brito expresó que no quiere interpretar que pueda estar incidiendo en los jueces para emitir sentencias favorables a los acusados de hechos de corrupción, tras entender que esas decisiones no han sido correctas.
El pasado sábado el juez de la instrucción de Montecristi, Ramón Amauris Rodríguez, dictó no ha lugar a favor de los cuatro implicados en la importación de 30,000 toneladas de rockash que fueron depositadas en Manzanillo.
«No quiero decir con esto más allá de lo que estoy expresando que no es más que una seria y profunda reflexión y preocupación por una cantidad de hechos sucesivos que no son correctas las decisiones que se han tomado», apuntó Domínguez Brito.
Señaló que en toda su trayectoria desde la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Fiscalía del Distrito Nacional ha trabajado por la independencia del Poder Judicial y del propio Ministerio Público, por lo que se siente muy preocupado ante los últimos hechos judiciales.
En relación con la sentencia a favor de los acusados del rockash también se refirió la directora de la Escuela del Ministerio Público, Aura Celeste Fernández, quien la consideró como alarmante el auto de no ha lugar en un caso que asegura es evidente la violación a la Ley de Medio Ambiente.
«A uno le disgusta como ciudadana recibir la noticia de no ha lugar de un tema tan evidente con una violación profunda a la Ley de Medio Ambiente que es harto conocido por todos que han entrado en territorio nacional algo que está y causará un daño de por vida a la salud y al medio ambiente en el país», expresó.
Aunque Fernández dijo que no puedo decir que hubo una violación de parte del magistrado Rodríguez, pero que hubo las suficientes evidencias para que enjuiciar a los implicados.
Ambos funcionarios hablaron luego de participar en la inauguración de una unidad para la atención y prevención de género y abuso sexual en la provincia Santo Domingo.
HABLA SUBERO ISA
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, requirió ayer al juez de la instrucción de Montecristi una copia de la sentencia en la que declaró un no ha lugar en cuanto la apertura a juicio por el caso rockash, favoreciendo a varios ex funcionarios acusados de contaminar el medio ambiente.
Subero Isa dijo que antes de emitir alguna opinión y ordenar una investigación observará los considerando de la sentencia, para conocer los elementos que tomó en cuenta el magistrado Amauris Rodríguez.
Aseguró que si determina que los motivos no son suficientes para satisfacer la inquietud del presidente de la Suprema, entonces ordenará una investigación.
«Habría que ver en cada caso, hay muchos jueces que actúan de manera ligera, hay muchos jueces que no entienden de que el derecho de la ciudadanía, que el derecho de la sociedad prima, o sea que el derecho colectivo prima sobre el derecho particular, pero habría que ver en cada caso particular de qué se trata», alegó.
El pasado fin de semana el juez de instrucción de Montecristi Ramón Amauris Rodríguez, favoreció con un auto de No Ha Lugar al ex director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Arsenio Borge, y al ex subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Héctor René Ledesma, y demás sometidos a la justicia por la entrada al país del material denominado rockash.
Además fueron favorecidos con el No Ha Lugar dictado por el Domingo Antonio Rosario Pimentel, presidente de la compañía Trans Dominicana de Desarrollo y Roger Charles Fina.
En Montecristi, en la fase de instrucción, se conoció el caso de las 30,000 toneladas de rockash depositadas en esa comunidad.
Ledesma y demás implicados fueron sometidos a la justicia por el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito.
La acción fue tramitada a través del licenciado Andrés M. Chalas Velázquez, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
El Ministerio Público en su escrito de acusación solicitó audiencia preliminar, la imposición de medidas de coerción a los coimputados y requerimiento de apertura a juicio, lo cual fue negado.
El juez de la instrucción acogió los resultados de más de diez laboratorios nacionales e internacionales que afirman que el rockash no es tóxico ni causa daño al medio ambiente.
