Declaración jurada de bienes

Da vergüenza que el Presidente de la República haya tenido que molestarse en emplazar a funcionarios de su administración para que cumplan un mandato de ley que debieron respetar a más tardar 30 días después de haber tomado posesión de sus cargos. Sin embargo, de alguna manera había que lograr que cumplan lo que dispone la Ley 311-14 aquellos servidores que no han rendido su Declaración Jurada de Patrimonio. Por disposición del Presidente, los que al 30 de este mes no hayan cumplido esa obligación, quedarán fuera de la nómina pública.
La renuencia a llenar este requisito desnuda el criterio que tienen esos funcionarios de la transparencia, la ética y el respeto de los mandamientos legales. El hecho de que el Presidente haya tenido que “empantalonarse” frente al desplante de algunos funcionarios los destapa como gente inclinada a hacer por la fuerza lo que deberían practicar por civismo y respeto a la institucionalidad de su país, en aras de la transparencia de su propio gobierno.
Aquí hay muchos mandatos de ley que son burlados impunemente. Por ejemplo, muchos gobiernos municipales no cumplen el requisito de rendir cuentas de sus ejecuciones financieras, pero nadie hace sentir consecuencias por esa falta. No debería ocurrir que el Presidente tenga que ocuparse personalmente de hacer respetar la ley.

La Justicia va de mal en peor

La investigación del robo del vehículo de doña Zoila Martínez, la defensora del pueblo, destapa un nuevo escándalo judicial: dos de los acusados por la Policía de participar en el asalto y rapto andaban haciendo de las suyas a pesar de que desde el 2015 estaban condenados a 20 años de prisión por robo agravado y asociación de malhechores. Habrá que investigar para quién trabajaban Marcos Alejandro Cabrera Ortiz (Marquito), de 35 años, y Euddy Adinin Roa García, de 32, o cuánto pagaron para obtener la libertad.
Ocurrencias como esta, de gente condenada que anda en libertad, son recurrentes en este país. En diciembre de 2001 fue asesinado el senador Darío Gómez y uno de los incriminados estaba condenado a 15 años y debía estar en prisión. La efectividad de la justicia va de mal en peor.