Al declarar el 2012 como “Año del  Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Desarrollo”, el Poder Ejecutivo asume ante el país el compromiso de impulsar de manera firme políticas que conduzcan al logro de esos objetivos. Es saludable que esa sea la filosofía que normará la conducta del Poder, pues en algunos aspectos se ha marchado a contravía de la esencia de esas metas que ahora son  prioridad.

Toda iniciativa que fomente de algún modo un afianzamiento de las desigualdades, entra en el casillero de las conductas que desdicen del propósito de equilibrar el disfrute de las prerrogativas democráticas. Por ejemplo, la concentración abrumadora de la inversión pública en las grandes ciudades se constituye en un factor que ahonda los desequilibrios sociales con respecto a aquellas demarcaciones que, necesitando inversión abundante, no son beneficiadas en la planificación del desarrollo.

La denominación dada al 2012 supondrá cambios importantes en la conducta oficial, de modo que las iniciativas conduzcan a reducir  las diferencias entre las capas sociales. Trabajar por una mejor educación, por mejorar las condiciones de vida de las clases menos afortunadas, establecer la casi esfumada seguridad ciudadana están entre las actitudes que se requieren para validar en los hechos lo que nace como una carta de intención que debe materializar.

La lucha contra el SIDA

El país ha logrado avanzar en la lucha contra el SIDA y no puede dejar caer la bandera de ese logro.

La atención a las personas afectadas tiene que ser asumida como un deber que ha de cumplirse aún cuando en los tres años por venir no contaremos con los recursos que provee el Fondo Global, y que hasta ahora han permitido adquirir los medicamentos necesarios para mantener a los afectados por el SIDA.

Las autoridades sanitarias tienen que asumir la responsabilidad de obtener los recursos de contrapartida necesarios para continuar la lucha.

Al menos 17,500 personas dependen de los medicamentos que se obtienen con este fondo. En los próximos tres años el Estado tendrá que asumir el 90% del financiamiento de la lucha contra el SIDA, debido a los recortes hechos por el Fondo Global. No podemos dejar caer nuestra bandera en esta etapa.