El regidor de la Fuerza Nacional Progresista, Leonte Torres, Cholín, asegura editaron sus declaraciones

Tras sus declaraciones en el programa «El Matutino estrella», que se transmite por la emisora radial 92.3 F.M. en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, en las que se observa al regidor por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) de esa localidad, Leonte Torres, Cholín, decir «Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición, si puede buscarse un par de pesos con esa posición, se lo va a buscar. Pero cuál es el problema, eso no es escondido», este aseguró que sus declaraciones fueron editadas causando así una malinterpretación de su mensaje.

En su explicación tras las polémicas declaraciones Torres aseguró que en su participación en el programa explicaba las supuestas circunstancias «Irregulares» en las que se habían concedido permisos de uso de suelo a la compañía CEPM, empresa dedicada al suministro de energía eléctrica en Bávaro, Punta Cana y Bayahibe, asegurando que de la «Unica manera en la que podían pasar esos permisos era si compraban el Concejo de Regidores o al alcalde».

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Sin embargo, en el vídeo por el que es cuestionado Torres asegura «Todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria, ni que soy la madre Teresa de Calcuta, todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición si puede buscarse un par de pesos con esa posición se los va a buscar…»

«Cholín» también describe el modo en el que supuestamente se dan las negociaciones entre los interesados en la aprobación de permisos de obras y los regidores, asegurando que los primeros destinan una partida de las ganancias que se reciban de la obra para los municipalistas que gestionen la aprobación de los permisos solicitados en las alcaldías.

Algunos, abogados consideran que la estructura ilegal descrita por Leonte Torres que opera en el Concejo de Regidores del municipio de Higüey, provincia La Altagracia se asemeja a la estructura de sobornos sistematizados montada en el país por la empresa brasileña ODEBRECHT que pagó 92 millones de dólares para la adjudicación de obras en el país acción que se conoce en los tribunales dominicanos en la actualidad y por la que hay al menos siete acusados que se enfrentan a cargos de corrupción, entre los que se encuentran congresistas y empresarios.