Hoy 
El juez de instrucción Eduardo Sánchez Ortiz descartó procesar a la Tesorera Nacional, Pastora Méndez, a la directora de Procomunidad, Ana María Acevedo, y al ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, por supuestamente utilizar fondos del quebrado Banco Intercontinental (Baninter).
Sánchez Ortiz alegó que para poner en movimiento la acción pública por medio de una querella debe haber existido un daño directo moral o material.
Los tres acusados supuestamente habrían ejercido extorsión y recibido RD$36 millones de manos de Ramón Báez Figueroa, presidente del Baninter.
Agregó que Báez Figueroa firmó la querella sin haber cumplido con lo establecido en los artículos 30, 31, 63, 64 y 65 del Código de Procedimiento Criminal, «vale decir, la presentación del poder que otorga la víctima o parte agraviada para actuar en su nombre, situación que no ha ocurrido en el caso de la especie, lo que se traduce en una ausencia de título y de calidad para actuar en justicia».
«Es criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia que en ausencia de títulos, es decir, de calidad para actuar en justicia del querellante, sólo se adquiere cuando sea recibido un daño personal y directo, moral o material, independientemente de que la acción pública sólo puede ponerse en marcha por aquel que la ley le acuerda la participación en la persecución es decir, la víctima misma de la infracción», sentenció.
La querella contra los dirigentes perredeístas fue interpuesta por Ramón Báez Figueroa, a través de sus abogados Marino Vinicio (Vincho) Castillo y sus hijos Juárez y Vinicio Castillo Seman.
[b]LOS ABOGADOS[/b]
Los abogados de Báez Figueroa afirmaron ayer que la decisión del Juez Sánchez Ortiz de declarar inadmisible la querella interpuesta contra Eligio Jáquez, Pastora Méndez y Ana María Acevedo, es una prueba inequívoca de que este magistrado está bajo el control absoluto del Palacio Nacional.
Vinicio Castillo Semán manifestó que hoy interpondrán de manera formal un recurso de apelación contra «esa mostrenca decisión judicial, a los fines de que la Cámara de Calificación pueda revocar lo que evidentemente es una orden del Poder Ejecutivo en favor de tres funcionarios importantes del gobierno».
Criticó que el juez Eduardo Sánchez Ortiz, apenas horas después de ser apoderado de la querella, ya que le fue remitida el pasado jueves, sin haber interrogado siquiera a ninguno de los acusados, ni al querellante Ramón Báez Figueroa, ni haber recopilado ningún documento relativo al retiro de decenas de millones de pesos en efectivo del BANINTER, la ha declarado inadmisible bajo el risible alegato de que su defendido no tiene derecho a presentar la querella.
