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WASHINGTON (EFE).- Las juntas militares establecidas por el Gobierno de EEUU para determinar si los detenidos en Guantánamo son o no «combatientes enemigos» son inconstitucionales, sentenció ayer una juez federal.
La magistrada Joyce Hens Green, de una corte del Distrito de Columbia, asestó un duro golpe a la política de detenciones de la Casa Blanca al dictaminar que los presuntos miembros de Al Qaeda y el Talibán detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) tienen derechos de acuerdo a la Constitución de EEUU.
En su decisión, Green afirmó que «los procedimientos puestos en marcha por el Gobierno para confirmar que los demandantes son »combatientes enemigos» sujetos a detención indefinida violan los derechos de los demandantes al debido proceso».
También ordenó a Estados Unidos aplicar la Convención de Ginebra a los ex combatientes del régimen Taliban en Afganistán, aunque no los miembros de Al Qaeda.
En su opinión, el Gobierno debe establecer los tribunales contemplados en ese tratado internacional para determinar caso por caso quién debe ser definido como «prisionero de guerra» y protegido por el derecho internacional.
La Casa Blanca ha calificado a todos los detenidos en Guantánamo, como «combatientes enemigos» -un término que se ha inventado y que Green criticó por su vaguedad- y se ha negado a aplicarles la Convención de Ginebra.
La guerra contra el terrorismo «no puede invalidar la existencia de los derechos fundamentales, por los que la gente de este país han luchado y muerto durante más de 200 años», señaló la juez en su decisión.
Esas palabras son miel para los oídos de las asociaciones de derechos humanos, que han criticado duramente el encarcelamiento sin cargos de unos 550 sospechosos en Guantánamo, algunos por tres años.
«Es una decisión extraordinaria, que afirma que esta parodia de audiencias que ha realizado el Gobierno es un fraude», señaló a EFE Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, quien presentó el recurso ante Green en nombre de algunos de los detenidos.
No obstante, es improbable que el dictamen de hoy tenga una influencia inmediata en la situación de los prisioneros, dado que se espera que el Gobierno de EEUU lo apele.
Otro juez federal del Distrito de Columbia, Richard Leon, dio la razón a la Casa Blanca en un caso similar hace dos semanas.
Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, prevé que el conflicto legal se trasladará primero a un tribunal de apelaciones y luego en el Tribunal Supremo, que lo analizaría el año que viene.
En todo caso, a juicio de Fidell, que es un ex comandante de la Guardia Costera de EEUU, la decisión de Green es un revés serio para la Casa Blanca.
«Según el Gobierno, estas personas (en Guantánamo) pueden ser encarceladas durante toda la vida, por ello la juez dijo que es muy necesario darles protecciones», indicó a EFE Fidell.
El dictamen de Green se refiere a unas juntas militares compuestas por tres oficiales y denominadas oficialmente «Tribunal de Revisión del Estatus de los Combatientes», que son diferentes de las cortes militares antiterroristas especiales que han comenzado a enjuiciar a cuatro detenidos en Guantánamo.
El Pentágono creó estas juntas el 7 de julio de 2004 para cumplir con un dictamen del Tribunal Supremo que afirmó que los prisioneros en Guantánamo tienen derecho a una revisión de su caso.
No obstante, para Green este sistema es insuficiente. En el dictamen indicó que «los procedimientos (de las juntas) son inconstitucionales por no cumplir el debido proceso».
A pesar de llevar el nombre de «Tribunal», las juntas son un procedimiento administrativo con reglas muy particulares.
En su dictamen, Green afirmó que en ellas los detenidos no tienen una oportunidad justa de defenderse, ya que no pueden refutar información secreta y que las confesiones que algunos de ellos han hecho presuntamente se realizaron tras ser torturados.
