Primera medida del presidente Danilo Medina, sin albergar la más mínima intensión de dictar al próximo Ejecutivo de la nación una lista de prioridades respecto al cuatrienio entrante, nunca me perdonaría ser cómplice por acción, ni mucho menos con mi silencio, de un hecho perturbador que amenaza grave e inminentemente el orden social y económico de la República. Se trata del déficit eléctrico, sus causas y consecuencias.

El estado de emergencia es uno de los regímenes de excepción que puede imponer un gobierno en situaciones excepcionales. El título XIII de la Constitución dominicana define tres modalidades de estados de excepción, a decir, Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia, cuya declaratoria solicita el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional cuando el orden económico y social esté seriamente amenazado y que con el funcionamiento ordinario del Estado no sea posible mantener el control.

El primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo y a juzgar por el impacto negativo del sector eléctrico en la economía dominicana, se trata de una desgracia nacional, que ha arrebatado de las entrañas de este pueblo más de 12 mil millones de dólares desde la capitalización, destinados a cubrir déficits provocados, sobre todo, por la dualidad de enfoque político y económico al enfrentar problemática.

En términos financieros la crisis eléctrica pos reforma le ha costado más a los dominicanos que los daños provocados por la tormenta Olga, Noel y por los huracanes David y George juntos.

Es evidente que nos encontramos frente a una emergencia nacional. La declaratoria de Estado de Emergencia, entre otras cosas, pondría en cesación los contratos de compra y venta de energía, estableciendo transitoriamente, ecuaciones de precios para el kilovatio/hora más justas y transparentes.