POR MANASES SEPULVEDA
El procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, dijo ayer que ya está en fase final la preparación de un «decreto puente» para aplicar la Ley de Licitación Pública. «Hay técnicos que tienen dos meses trabajando en ese decreto, partiendo del proyecto original de la ley», dijo.

Expresó que en ese decreto también están trabajando asesores internacionales, a los fines de que se adapte a los parámetros universales en materia de adjudicación de obras.

«Ya hay un último borrador y esperamos en un tiempo relativamente breve, tener el borrador final cuando finalmente técnicos internacionales agoten dos o tres días para terminar», explicó.

Domínguez Brito produjo sus declaraciones, al ser entrevistado en el programa Uno más Uno que se transmite por Teleantillas.

Señaló que los montos establecidos en el decreto son muy claros y precisos para evitar cualquier tipo de evasión en ese sentido.

Por otra parte, dijo que también se estaban afinando las normas para compras públicas y que existe la creencia errónea que cobrar un 10 por ciento que exigen los encargados de compra es algo legal.

Dijo que la población no quiere impunidad, sino que haya sanción contra todo aquel que use sus funciones para enriquecer su patrimonio, empobreciendo el patrimonio nacional.

«Palabras más crudas, la gente quiere presos, quiere ver tras las rejas a funcionarios. Así lo han dicho muchas de las encuestas que hemos visto y la percepción de la ciudadanía. Yo lo comprendo, sin embargo no podemos violentar el debido proceso», expresó.

Señaló que hay varios procesos de corrupción que se están ventilando en la justicia y uno que ya se logró apertura a juicio, como es el caso del Plan Renove.

Citó también el caso del diputado Radhamés Ramos García y los casos de corrupción atribuidos a este gobierno, como el funcionario que dirigía los asuntos fronterizos en materia de zona franca que ya está en manos  de la Fiscalía del Distrito Nacional.

«Yo confío que en la medida que vayamos culminando todos los procesos, sean del gobierno pasado o de este gobierno, siga siendo manejado de esta manera.  No vamos a hacer un circo, habrá necesidad de respetar todo lo establecido en el Código Procesal Penal», explicó.

Dijo que no sólo el caso PEME está estancado, sino muchos otros como el caso de Anisia Risi, Bahía de las Aguijas y otros que «no han muerto».

Dijo que  cuando llegó a la Procuraduría General de la República encontró una decisión donde se desistía de la acción pública en el caso de Bahía de las Aguilas.

«No sólo eso, sino que ante el Tribunal de Tierras decía que había que entregarle las tierras a los que obtuvieron los documentos falsos a través de un fraude para quedarse con terrenos del Estado», expresó.

Consideró una decepción que siete años después se haya tenido que revocar decisiones en el caso de Bahía de las Aguilas.

«Bahía de las Aguilas no es un patrimonio sólo de la República Dominicana, sino que de la humanidad como han señalado organismos internacionales», dijo.

Definió como interesante y positiva la Comisión Nacional de Etica, por entender que manifiesta el interés del gobierno en establecer políticas claras de transparencia.

«Hoy en día estamos caminando de retórica a pasos concretos de políticas de transparencia», señaló.