El presidente Danilo Medina declaró mediante el Decreto 437-17 al 2018 como Año del Fomento a las Exportaciones. Muy atinadamente el Presidente cumple con la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y el mandato al Estado dominicano de impulsar el sector exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales.
De hecho, Flora Montealegre, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en diciembre del 2017 señala que República Dominicana apenas alcanza un 40% de su potencial exportador.
En el 2016, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) reveló que los países centroamericanos han aprovechado mejor los beneficios de la apertura que se ha producido después de diez años de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), partiendo del acceso al mercado estadounidense, ya que sus exportaciones crecieron entre 16% y 2.5%, mientras que el país tuvo una tasa de crecimiento negativa en ese aspecto con -0.9%. Aunque se ha registrado un dinamismo exportador en sectores y productos específicos, las importaciones en República Dominicana han crecido a un ritmo mayor.
En 2015, República Dominicana exportó un total de US$107.2 millones hacia Centroamérica, mientras que importó desde esas naciones la suma de US$680.7 millones; y aunque Panamá no forma parte directa del TLC, mantiene también un intercambio comercial activo con el país, en donde también lleva una ventaja significativa en la balanza comercial bilateral.
La meta, según mi apreciación, debería no solo lograr que las exportaciones aumenten, sino también, que las importaciones disminuyan, lo que tienda a reducir la proporción deficitaria de la balanza comercial de República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos, principal socio comercial, la cual se viene deteriorando desde el año 2005, precisamente a partir de la aprobación del tratado de libre comercio con esa nación y Centroamérica (DR-Fafta). También en el 2015, las exportaciones locales hacia Estados Unidos fueron de US$4,519.7 millones, pero lo importado desde allá sumó US$7,922.1 millones, para una balanza negativa que llegó a US$3,402.5 millones, como venía sucediendo al 2012.

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) saludó el Decreto 437-17 al igual que algunas organizaciones del sector agroalimentario nacional. Y es este el sector que debe sentirse jubiloso, especialmente si se busca establecer mejoras integrales del sector agropecuario con programas nacionales para agregar valor y exportar productos terminados y no materia prima; programas de generación, validación y transferencia de tecnologías, disponibilidad de incentivos para adquirir tecnologías apropiadas, créditos a tasa preferenciales y capacitación como herramientas vitales para implementar un modelo local de agricultura de precisión, aumentar productividad de nuestra producción nacional y así reducir la balanza comercial negativa que ha caracterizado el sector de agronegocios del país en los últimos tiempos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que en América Latina y el Caribe, el 80% de las explotaciones son de agricultura familiar, beneficiando a más de 60 millones de personas. Estas son las operaciones responsables de la seguridad y soberanía alimentaria de cada país. Es función de los gobiernos locales acompañar estas organizaciones productivas para alcanzar niveles de productividad satisfactorios que les permitan jugar en el equipo de agroexportadores. Actualmente se importan solo de Centroamérica más de US$300 millones por año en productos enlatados, en contraste, se pierde en nuestros campos, según la FAO es el 30% de lo producido por falta de procesamiento, mercado y daños producidos por ataques de plagas.
El subsector agroexportador tradicional (25% del sector agro-productivo) posee algunas facilidades para desarrollarse y participar competitivamente en el mercado global. Sin embargo, el subsector de la agricultura familiar (pequeños y medianos predios) requiere de ciertos ajustes propios de un subsector que ha ido en franca involución durante los últimos 30 años. Para acompañar la adecuación de este eje del sector agroalimentario nacional se requiere trabajar en una alianza estratégica público-privada (Estado-sector productivo privado) para incrementar productividad implementando planes, programas y proyectos como: plan para la creación del Instituto de Agronegocios, para reemplazar al INESPRE; programa de acompañamiento técnico, programa de investigación e innovaciones tecnologías, programa de fortalecimiento de los recursos humanos, programa de construcción de agro procesadoras regionales, proyecto de fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas, proyecto de priorización del consumo de lo producido y procesado localmente en los programas sociales, y el plan de reconversión de todas las instituciones del sector agroalimentario nacional.
El presidente con el Decreto 437-17 ha generado grandes expectativas en el sector agroalimentario, porque hay un precedente, un paquete de programas, proyectos e iniciativas que se ejecutan como consecuencia de la emisión de otro Decreto, el 395-16, que declaró el 2017 como el “Año del Desarrollo Agroforestal”, lo que ha permitido la priorización de la conservación de los bosques, renovación de los recursos naturales, y medio de vida con ingresos sostenibles a las comunidades establecidas en los entornos de las cuencas hidrográficas.