El Gobierno dispuso hoy la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos; así como el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos.

La medida, orientada hacia un plan de austeridad del gasto público debido al impacto del COVID-19, está contemplada en el decreto 396-21 emitido por el Poder Ejecutivo el cual, en el caso del los flanqueadores, establece las excepciones en el caso del Presidente y Vicepresidenta de la República, Ministros de Defensa e Interior y Policía.

También, del director general de la Policía Nacional, proocuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De igual forma, restringe las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.

Además, incluye aspectos relacionados a las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.

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Fines de semana. En el decreto se ordena, además,  la prohibición del uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados. Igualmente solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.

El decreto también busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los Ministros de Defensa e Interior y Policía, una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.

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En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

Señala que la responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República