Cuando veo la ardorosa defensa de personalidades, instituciones y periodistas  en contra  de que   sea modificado el Código del Menor para aumentar las penas contra quienes  incurran en actos criminales, no puedo evitar recordar el secuestro, tortura y asesinato de los siete taxistas de la Zona Oriental víctimas de una pandilla de cinco  menores que pronto estarán de nuevo en nuestras calles.

Con frecuencia se conocen casos de violaciones, atracos y asesinatos en los que se ven involucrados mozalbetes que a veces demuestran más perversidad y frialdad que muchos delincuentes adultos.

Estamos conscientes de que la inequidad, el estado de injusticia social, el desempleo, la proliferación del micro-tráfico en nuestros barrios y la falta de educación y orientación de esos jóvenes son causas indiscutibles de sus conductas criminales, pero si los exculpamos de sus responsabilidades, por esos mismos motivos, tendríamos que hacer lo mismo con los delincuentes adultos.

No nos llamemos a engaños, no es verdad que esos males  de raíces sociales tan profundas  van a desaparecer de la noche a la mañana, y mientras tanto algo tiene que hacerse para sancionar con mayor drasticidad la conducta criminal de quienes, menores o no, han sumido a la sociedad en un estado de inseguridad que ni en su propio hogar uno se siente seguro.

Estoy de acuerdo en que el solo aumento de la reclusión como castigo es inútil contra los menores descarriados si no conlleva un proceso de reeducación y desintoxicación, en el caso de que sean adictos, que permita reinsertarlos en la sociedad, incluso con un oficio aprendido en escuelas laborales creadas en las correccionales  para esos fines.