La barra de abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, vinculado al presunto caso de corrupción Coral, denunció este miércoles que el Ministerio Público se dio a la tarea de ocultar información fundamental para el proceso, lo que constituye una violación a los derechos de su defendido.

Según explicó el abogado Cristhian Martínez, se trata de una querella y una acusación alternativa en contra de Cáceres, la cual tiene dos años de antigüedad y no fue revelada durante las audiencias que se han desarrollado en torno al proceso judicial de operación Coral, sino hasta este momento.

Sostiene que la querella tiene fecha del 2021 y fue incorporada como una apéndice del proceso actual lo que es «totalmente ilegal».

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Martinez aseguró que se enteraron de la acusación por accidente y que por lo tanto desconocen los detalles de la misma, al tiempo que entienden con esta «jugada» se quiere beneficiar al MP para lograr una eventual condena.

«Nosotros nos correspondía presentar conclusiones orales en una audiencia y el día antes nos enteramos que había una parte del proceso que ya debía ser aceptada sin nosotros habernos defendido de eso» sostuvo el jurista Ronald Jiménez miembro de la defensa de Adán Cáceres, durante su participación en el programa El Rumbo de la Mañana.

Ronald añadió que manifestó su queja ante la magistrada Yanibet Rivas, jueza titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien supuestamente dijo que no podía conocer esa solicitud.

Detalla que su defendido, Adán Cáceres Silvestre, al hacer uso de la palabra externó su preocupación a la Jueza, alegando que desconocía los argumentos de la acusación, a lo que Rivas nuevamente reiteró que «eso no se podía conocer».

En ese sentido, Narra el abogado Jiménez que él y sus colegas decidieron recusar a la magistrada Rivas, por entender que no ha sido neutral, petición que también fue declinada por la corte.

«Entonces que es lo que hemos visto que cada vez que un juez favorece a uno de los imputados en casos como este, se convierte en víctima de una campaña de descrédito por parte del Ministerio Público y ahí es que viene el terrorismo judicial» indicó Jiménez.