Una serie de acontecimientos están dando señales de que es necesario que los verdaderos comunicadores dominicanos y todas las instituciones y personas preocupadas por los derechos fundamentales aúnen voluntades para defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento, una de las reivindicaciones que más firmemente se ha mantenido en el medio siglo que casi media desde la liquidación de la tiranía de Trujillo.

En la segunda mitad de la década de los sesenta y en los setenta cuando las libertades fueron reducidas hasta el grado de que no se respetaba ni el derecho a la vida, a la asociación y sindicalización, y cuando había cientos de presos políticos y miles de exiliados, la libertad de expresión y difusión del pensamiento pudo ser mantenida, no sin un alto costo en vidas y seguridad de los comunicadores.

Por encima de importantes diferencias, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, la Asociación Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Radiodifusores y múltiples instituciones sociales, coincidieron en diversos grados en la defensa del ejercicio comunicacional. Hubo prolongados períodos de confrontación y múltiples actos de valentía que marcaron la diferencia entre la autocracia y la tiranía cuando las bandas civiles y militares del balaguerismo imponían el terror.

A partir del 1978, cuando empezó el más prolongado período de ejercicio democrático en la historia del país, con sus altas y bajas, hemos tenido a orgullo proclamar que ejercemos una libertad de expresión y difusión relativamente vigorosa.

Sería injusto sostener que el actual Gobierno ha conspirado contra esa libertad, madre del Estado de derecho. Pero una serie de hechos dejan sombras y obligan a pedir rectificaciones y a fortalecer la unidad –dentro de la diversidad- en la defensa de ese patrimonio, clara herencia de décadas de luchas por establecer una sociedad democrática.

La intimación del director del Instituto Agrario Dominicano, Héctor Rodríguez Pimentel, contra el acreditado programa televisivo El Informe de Alicia Ortega y la denuncia de amenazas contra la vida del indoblegable periodista Marino Zapete son las últimas expresiones de lo que parece ser un programa para reducir las dimensiones del periodismo más preocupado por la corrupción y la descomposición social.

Pero en los últimos meses hemos contactado cierres administrativos de emisoras y canales televisivos, iniciativas judiciales temerarias contra comunicadores, así como campañas de denuestos que se traducen en presión sobre quienes investigan y denuncian anomalías políticas, económicas y sociales.

El retiro de la intimación contra el programa de Alicia Ortega es una rectificación parcial, pero no anula la gravedad de esta iniciativa, por carecer de precedente en la historia del periodismo dominicano y porque deja una espada de Damocles sobre la fuente de sustentación económica de la industria de la comunicación social, que es la publicidad.

Es significativo que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, un profesor de comunicación social, haya pretendido desentenderse de la grave intimación contra los anunciantes de uno de los programas televisivos de mayor reputación. Los cuestionamientos formulados a Rodríguez Pimentel no se refieren a su vida privada, sino a sus funciones gubernamentales, y han sido compartidos hasta por el procurador adjunto director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. No se puede olvidar que el doctor Otoniel Bonilla lo calificó de “corrupto patológico”.

Para los que gobiernan debería ser más que suficiente el haber incorporado a miles de comunicadores a la nómina pública, en una política encaminada a comprar adhesiones y silencios de comunicadores y de medios. Pero aparentemente también se quiere acallar las voces que persisten en denunciar la corrupción y reclamar y rendición de cuentas.

Las circunstancias obligan a una solidaridad militante con las víctimas de la intolerancia y a incrementar la vigilancia y la firmeza en la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. –