Más temprano, otro tribunal le había rechazado al general, quien fue jefe de seguridad del expresidente Medina, el recurso de hábeas corpus que sometió

La jueza que conoce la solicitud de medidas de coerción contra los 13 imputados del caso Coral 5G fue recusada ayer por los abogados del general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, quien fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

La barra defensora de este oficial de la Fuerza Aérea alega que la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, no puede conocer la solicitud de medidas cautelares porque ella misma fue la que emitió las órdenes de arresto contra el grupo.

Los abogados del general, encabezados por Julio Cury, también aducen que la magistrada, que además es coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del DN, se “autodesignó” para conocer este caso. Tras la recusación, la audiencia queda sobreseída hasta que la Corte de Apelación de la capital decida si ratifica a Romero o designa a otro juzgador.

Medida dilatoria
El Ministerio Público y abogados de otros imputados calificaron la acción como una “medida dilatoria” que solo perjudicará a los mismos procesados, quienes llevan dos semanas detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Por el caso también son imputados los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, los coroneles Carlos Lantigua Cruz, Yehudy Guzmán Alcántara y Miguel Ventura Pichardo, y el teniente coronel Erasmo Pérez Núñez.

Asimismo, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el mayor José Manuel Rosario Pirón, la primer teniente Jehohanan Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

Recurso rechazado
Más temprano, la Segunda Sala Penal del DN rechazó el recurso de hábeas corpus con el que el general De los Santos Viola pretendía obtener su libertad bajo el alegato de que su detención era ilegal.

Abogados del general alegan que Romero no puede conocer coerción

MP y abogados de otros imputados dicen que es una táctica dilatoria