Defensa de Báez Cocco se concentra en
presuntas violaciones de las autoridades

Defensa de Báez Cocco se concentra en <BR>presuntas violaciones de las autoridades

POR TANIA HIDALGO
El abogado Juan Antonio (Tony) Delgado, del consejo de defensa del coimputado Marcos Báez Cocco, inició ayer la presentación por ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de su exposición conclusiva, durante la fase final del juicio de fondo seguido a los acusados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter).

Durante su exposición, que se extendió todo el día, el jurista analizó las alegadas  violaciones en que incurrieron las autoridades monetarias del pasado gobierno al momento de intervenir la quebrada entidad bancaria.

Delgado, al igual que sus colegas de la defensa de Ramón Báez Figueroa, criticó la supuesta forma irregular e ilícita en que fueron obtenidas las alegadas pruebas presentadas por el Ministerio Público y el actor civil, en franca violación a la Constitución  y a la Ley Monetaria y Financiera.

“Todos los actos que se derivan de una actuación inconstitucional devienen en nulos e ineficaces desde el punto de vista jurídico”,  puntualizó.

En su primera intervención en esta fase del proceso, Delgado se concentró en hacer una exposición técnica legal para sustentar sus alegatos, fundamentados en una serie de doctrinas y jurisprudencias nacionales e internacionales. 

Con relación al fraude de Baninter ascendente  a 55 mil millones de pesos son procesados además de Báez Cocco, Ramón Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo y Luis Alvarez Renta.

El grupo fue sometido a la justicia en mayo de 2003. El juicio de fondo se inició en abril del año pasado. El tribunal que conoce el caso es presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yissel Méndez.   

Delgado puso de manifiesto sus dotes de buen orador al dominar el escenario y caminar de un lado hacia otro, al tiempo que defendía con vehemencia sus argumentos.

PERITO AURICH

El jurista también se refirió al tan mencionado “informe Aurich”, elaborado por el perito-contador Luis Aurich, el cual constituye una de las principales pruebas documentales acreditadas por la parte acusadora.

Aurich fue designado por la Suprema   Corte de Justicia para analizar los registros contables de la entidad bancaria, a solicitud del entonces juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien tuvo a su cargo las pesquisas del caso y dispuso el envío a juicio de fondo de algunos de los imputados.

Al reiterar las razones por la cuales ese informe no debe ser tomado en cuenta por el tribunal al momento de emitir una decisión, Delgado señaló, entre otras cosas, que Aurich no examinó la contabilidad de Baninter, no trabajó con documentos originales, sólo recibió información de Zunilda Paniagua (miembro de la Comisión de Liquidación nombrada por las autoridades de entonces),  no conoció el sistema informático de la quebrada entidad, no conoce los deberes fundamentales de un perito y además  “su trabajo se limitó a una simple interpretación de documentos”.

Para reforzar sus argumentos, se auxilió de una reciente decisión dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional de España, según la cual no es fiable un informe pericial realizado sólo con la documentación que la querellante proporciona.

DEFICIENCIA

Consideró que en la acusación hay “una grave deficiencia probatoria”, toda vez que no se realizaron experticios que eran necesarios, tales como auditoría forense, contable y financiera, así como una auditoría computacional adecuada.

Otro aspecto que, según el jurista, invalida la base documental probatoria de la acusación, radica en el hecho de que en su mayoría los documentos incorporados eran fotocopias de los originales.

En ese sentido, refirió una jurisprudencia sobre la “prueba ilícita o prohibida” que aparece en el libro Guía Práctica de la Prueba Penal, de José Manuel Alcalde González,  la cual indica que “una fotocopia simple carece de toda fuerza de convicción para servir de medio de prueba de un hecho jurídico, pues es un medio inadecuado al no ser un original documental”.

Además de Tony Delgado, el coimputado Báez Cocco es representado legalmente por Joan Alcántara.

CONTINÚA HOY

Una vez concluya la intervención de Tony Delgado en el día de hoy viernes, le corresponde agotar su discurso conclusivo al coimputado Luis Alvarez Renta, a través de sus abogados Erick Raful, Salvador Catrain y Santiago Rodríguez. Luego expondrán los defensores de Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa.

La fase de presentación de conclusiones de este proceso se inició el martes 28 del pasado mes, con la ponencia del Ministerio Público representado por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona. Posteriormente,  expusieron los abogados de la parte civil, integrada por Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, José Lorenzo Fermín, Carlos Salcedo, Francisco Alvarez, Tomás Hernández, Manuel Sierra, Teobaldo Durán y Francisco Benzán. Ambas partes solicitaron al tribunal condenar a los imputados a penas que oscilan entre seis y 20 años de prisión, el decomiso de los bienes incautados y multas entre un millón a dos millones quinientos mil pesos. El actor civil solicitó, de su lado, una indemnización de 64 mil millones de pesos.

La parte acusadora atribuye a los imputados haber incurrido en abuso de confianza, ocultamiento, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera. En sus conclusiones pidieron que se varíe la calificación a fin de incluir la asociación de malhechores, así como algunos acápites de la Ley de Lavado de Activos que no fueron incluidos en principio.             

En tanto, el pasado miércoles finalizó su discurso conclusivo el consejo de defensa de Báez Figueroa, el cual es integrado por Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Juárez y  Vinicio Castillo Semán y José Antonio Columna, quienes solicitaron al plenario declarar a su cliente no culpable de los delitos antes mencionados, a excepción de la Ley General de Bancos (ya derogada) o, en su defecto, la Ley Monetaria y Financiera, por lo que pidieron que se le imponga una sanción por debajo de la pena mínima establecida en esa legislación. 


La audiencia de ayer se inició a las 10:45 de la mañana  y fue recesada  a las 4:30 de la tarde. Hubo un receso de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Álvarez Renta

Por otro lado, en horas de la tarde, los abogados de Alvarez Renta distribuyeron a los periodistas presentes en la audiencia una nota de prensa, en la que informaba que  sometió ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida una instancia para la reconsideración de la sentencia que lo condenó a pagar reparaciones civiles al Baninter, argumentando que la testigo Zunilda Paniagua cometió perjurio y fraude al deponer en la corte.

El consultor financiero dijo que en  el curso del juicio penal que se sigue en el país, “quedó demostrado claramente que la señora Paniagua cometió perjurio en el testimonio que brindó, en representación de la Comisión de Liquidación, en el juicio civil que se le siguió en noviembre de 2005 en una corte de Miami”.

Explicó que sus abogados  sometieron al tribunal norteamericano los documentos probatorios de que se le ocultaron documentos, «con la clara intención de impedir que pudiera probar su inocencia frente a las acusaciones claves del proceso».

Dijo que en el juicio que se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado, Paniagua reconoció que no había establecido la verdad de los hechos en el juicio de Miami en cuestiones fundamentales, como  haber negado que el gobernador del Banco Central había autorizado el pago de un conjunto de cheques en marzo de 2003 emitidos por él (Alvarez Renta), el cual a su vez, había sido acusado en Miami de fraude por esa operación.

“La señora Paniagua trató de justificarse diciendo que fue luego del juicio de Miami que se enteró de la aprobación por parte del Gobernador de estos cheques”, apuntó el financista.

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