Contaminantes o no, tóxicos o no, los cargamentos de residuos industriales que han sido traídos desde Puerto Rico y vertidos en Samaná –según lo denunciado de un senador- no deberían tener cabida en este país.

La inmediata reacción del Senado ante lo revelado en ese sentido por el legislador samanense Ramiro Espino fue crear una comisión especial que indague sobre el terreno el contenido de barcazas procedentes de la vecina isla que han sido vistas llegar a las costas de la bahía.

A ello se sumó ayer el propio secretario de Medio Ambiente, el historiador Frank Moya Pons, quien suspendió las descargas del material y dispuso que la Procuraduría de Medio Ambiente concluya una investigación exhaustiva para que haya sanciones ejemplarizadoras, entre funcionarios y empresas, en caso de que se haya producido daño ambiental.

Aunque la primera explicación oficial fue para justificar la “importación” de tales desechos bajo el criterio de que no generarían contaminación, es difícil creer en la total inocuidad de unos desperdicios que, evidentemente, en Puerto Rico prefieren que estén lo más lejos posible de su territorio.

¿No es ya harto elocuente el hecho de que, previamente las autoridades de Haití –una república con graves problemas institucionales- tuvieran tiempo y razones para negarse a acoger los controversiales embarques, según lo dicho el senador Espino?

Nada de nuevo tiene el que se pretenda hallar en países de menor desarrollo un destino final a materiales indeseables y que en muchos casos incluyen en su composición elementos químicos peligrosos.

Siendo así, la República Dominicana debería estar permanentemente protegida con políticas que cierren el paso a los transportistas internacionales de desechos.

[b]II[/b]

Como muy bien se ha señalado recientemente, la República Dominicana jugó un rol muy activo en los procesos de negociación para establecer las reglas internacionales sobre los Derechos del Mar.

Como resultado del trabajo de los gobiernos en ese sentido, un amplio concierto de estados se acoge en la actualidad a los correspondientes tratados sobre límites de aguas territoriales, uso de los espacios adyacentes y aprovechamiento de las riquezas marinas.

Penosamente, República Dominicana no ha cumplido, por vía legislativa, con el requisito de ratificar los convenios marítimos y por tanto se margina de la posibilidad de recurrir a unos instrumentos imprescindibles para hacer valer su soberanía sobre aguas cercanas.

Sin tales ratificaciones, el país no puede oponerse a la extracción abusiva de recursos marinos en sus proximidades por parte de extranjeros y carece de fuerza jurídica para rechazar el paso cercano de buques con desechos nucleares.

Se trata de una infeliz omisión. El Estado Dominicano debe consagrar su adhesión a las normas internacionales sobre el mar.