POR TANIA HIDALGO
Los abogados de Ramón Báez Figueroa, ex presidente del quebrado Banco Intercontinental (Baninter), iniciaron ayer ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la presentación de sus conclusiones durante la continuación del juicio de fondo seguido a los acusados del alegado fraude cometido en la entidad bancaria.

Juárez Castillo Semán reiteró que la acusación formulada contra su cliente forma parte de una trama elaborada por el entonces Presidente Hipólito Mejía con el objetivo de apoderarse de los medios de comunicación vinculados a ese banco y utilizarlos con fines reeleccionistas.

Instó al tribunal a recordar las palabras que en una ocasión Mejía le dijo a Báez Figueroa en el sentido de que yo te cierro el banco y te tranco, en alusión a una conversación que sostuvieran ambos, en la que el ex mandatario hizo la advertencia al ex-presidente de Baninter.

Precisó Castillo Semán que las autoridades monetarias del gobierno de Mejía manipularon el proceso de la quebrada entidad bancaria de manera vulgar y con mala fe para destruir el banco y la imagen de Báez Figueroa.

Sostuvo que los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera han tratado durante todo el proceso de satanizar lo que, a su juicio, eran operaciones contables normales, basando su acusación en hechos que no sucedieron.

Además de Juárez Castillo Semán, el consejo de defensa de Báez Figueroa es integrado por Marino Vinicio Castillo (Vincho), Vinicio Castillo Semán y José Antonio Columna.

Con relación al caso son procesados Báez Figueroa

Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luís Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.

El grupo fue sometido a la justicia en marzo de 2003, acusado de un fraude cometido en la entidad bancaria ascendente a 55 mil millones de pesos. El juicio de fondo se inició en abril del año pasado.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yissel Méndez.

RECREACION INTERROGATORIOS

Durante su primer día de exposición, el abogado de la defensa de Báez Figueroa, basó su exposición en la recreación de fragmentos de los interrogatorios practicados ante el tribunal a los testigos a cargo.

José Américo Montaño Guillén, gerente de Valores de Baninter; Benita Castillo, vicepresidenta de Finanzas de la quebrada entidad; Ismael González Estrada, vicepresidente del área de Finanzas del Banco del Progreso; Ramón Morla Manzueta, segundo vicepresidente de Informática de Baninter y Manuel Ramón Ruiz, segundo vicepresidente del departamento de Administración de Crédito de ese banco, entre otros.

El abogado Castillo Semán explicó que Montaño Guillén al ser interrogado por el tribunal, acreditó que todos los certificados de depósitos eran normales, debidamente registrados en la contabilidad y que no se cancelaban irregularmente como alega la parte acusadora.

De igual manera, sostuvo que ese testigo confirmó que Baninter comenzó a tener problemas cuando empezaron los rumores que provocaron retiros masivos.

Explicó que esto fue producto del fraude cometido con la tarjeta del ex jefe de la Avanzada Presidencial de Hipólito Mejía, coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe).

Si no se interpone esa querella contra Pepe Goico, Baninter no hubiese colapsado, aseveró Castillo Semán.

De igual manera, narró que González Estrada, al ser interrogado en el tribunal, acreditó que el sistema informático de Baninter durante la fusión con el Banco del Progreso emitió un balance de comprobación de 80 mil millones y que las autoridades ordenaron que el mismo fuera reprocesado y reducido a 41 mil millones.

Esto fue una manipulación vulgar de los acontecimientos con un fin muy específico: apropiarse de Baninter y de sus empresas para beneficio de ese grupo, incluyendo a su testigo estelar, Zunilda Paniagua, insistió.

Agregó que esa manipulación debe tener consecuencias jurídicas para las autoridades monetarias de ese entonces por falsear información.

RESTA MERITOS A PERITO

Castillo Semán dedicó gran parte de su intervención de ayer para desmeritar la capacidad moral y profesional del perito Luis Aurich, quien fue contratado por la Suprema Corte de Justicia para que interpretara ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien tuvo a su cargo las pesquisas del caso, los documentos que alegadamente demuestran las presuntas irregularidades cometidas por los imputados y que motivaron que el grupo fuese enviado a juicio de fondo.

Presentó al tribunal fragmentos del interrogatorio practicado a Aurich, en los cuales éste admite que no hizo auditoría ni experticio forense en Baninter, sino una interpretación de documentos.

Explicó que detrás de la designación de Aurich como perito estuvo la señora Paniagua, quien además, dijo, le suministraba los documentos a analizar.

SOCIEDAD CIVIL

En su exposición que se extendió todo el día del juicio, Castillo Semán cuestionó la posición asumida frente al caso por Participación Ciudadana y otras organizaciones que han acudido a las audiencias a presenciar el proceso y reclamar justicia.

Vienen aquí a presionar con turbitas, sin embargo, no han mostrado una posición firme con relación al manejo del narcotráfico real, manifestó airado.

ABOGADOS siguen HOY

El proceso fue recesado para hoy a las 9:00 de la mañana, cuando Castillo Semán continuará con su ponencia.

Se estima que la presentación de conclusiones por parte de este consejo de defensa concluya el viernes. Posteriormente, deberán continuar, de manera sucesiva, los abogados de los demás imputados.

La audiencia de ayer inició a las 10:20 de la mañana y fue recesada luego de las 5:45 de la tarde. Hubo un receso de 1:00 a 3:15 de la tarde para almuerzo.

Penas solicitadas

El pasado lunes, concluyeron los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera, entre ellos, Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Francisco Alvarez, José Lorenzo Fermín, Carlos Salcedo, Tomás Hernández, Teobaldo Durán, Manuel Sierra y Francisco Benzán, quienes solicitaron penas de entre seis y 20 años para los acusados, así como una indemnización ascendente a 64 mil millones de pesos.

Previamente, había concluido el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona, quienes también solicitaron penas de seis y 20 años de prisión y multas de uno a dos millones quinientos mil pesos.