A partir del cambio de autoridades en el Ministerio Público, la defensa del imputado del caso de Súper Tucano Carlos Piccini Núñez, coronel de la Fuerza Aérea, solicita al órgano persecutor de la justicia que reformule la acusación para añadir a las personas que, según una sentencia de un tribunal brasileño, recibieron los sobornos pagados en el país por la compra de ocho aviones, entre ellos el nuevo administrador del Banreservas, Samuel Pereyra Rojas, y los señores José Balaguer Coste y Arturo Balaguer Coste.

Antes de ser reanudada ayer la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que estuvo paralizada por la suspensión de labores del Poder Judicial debido a la pandemia de la covid-19, el abogado de Piccini, Alejandro Tejada, manifestó que espera que la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, considere sumar al pliego acusatorio a los dominicanos que menciona la sentencia del juez brasileño Marcelo Beretta que encontró culpable a 12 ejecutivos de la empresa Embraer, fabricante de los aviones Súper Tucano.

El defensor recordó que la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, había investigado a Pereyra Rojas por haber recibido US$880,000 y este admitió que se le entregó a su primo Luis René Canaán, entonces senador de Hermanas Mirabal por el PLD.

De acuerdo a Tejada, la adición de estos individuos a la barra de acusados permitiría que este caso, que lleva casi tres años en la etapa intermedia, se conociera de forma y expedita.
“Una vez se pongan esas personas en causa, el proceso avanzaría rápidamente, porque nosotros hemos estado todo el tiempo a favor de que el Ministerio Público sea sincero y no desnaturalice la investigación que hizo”, afirmó.

Reinicio de la audiencia. El juzgado de la instrucción dispuso ayer volver a empezar la audiencia preliminar con la lectura de la acusación, luego de la suspensión de los debates (debido al cierre de los tribunales) durante más de 10 días, plazo establecido por el Código Procesal Penal. La audiencia fue aplazada para el día 11 de este mes.