La defensa de los cinco venezolanos acusados de introducir al país 359 kilos de cocaína solicitó a la Suprema Corte de Justicia la declinatoria a otra jurisdicción del caso que se conoce en el distrito judicial de La Romana.

El abogado Valentín Medrano dijo que percibe ciertos niveles de confabulación del Poder Judicial para tratar de enderezar una anómala actividad procesal defectuosa por el Ministerio Público, la que habría permitido que los apresados en flagrancia fueran dejados en libertad pura y simple.

Medrano expresó que una de esas razones que lo llevan a tener esa percepción es el hecho de que las recusaciones que han hecho a los jueces, han sido rechazadas en tiempo récord por la corte de apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, al que pertenece La Romana.

“Las recusaciones han sido basadas en derecho porque se ha producido una sensación de tirantez entre el magistrado Ismael Nehemías Ramírez, que lleva el proceso, que quiere revisar una medida que no existe”, explicó el defensor.

Entiende que si no hay medida de coerción, ya que la misma fue anulada por la jueza Aristilda Mercedes, se debió declarar inadmisible.

A su juicio, de proceder así el juez le habría hecho un favor al Ministerio Público, que habría podido solicitar en plazo la apelación a la decisión, que era lo que procedía, dice.

“Pero se fueron a revisar un asunto que no existe”, enfatizó Medrano.

Esa receptividad de los jueces de esa zona dice es lo que ha dado pie a su sospecha legítima, por lo que pide la declinatoria de la jurisdicción completa de San Pedro de Macorís, donde se incluye además El Seybo, Hato Mayor e Higüey.

Los venezolanos Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, Gregory Frías, Gerardo Díaz y Jean Carlos Díaz fueron detenidos el 24 de marzo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, cuando llegaron al país procedente de Barquisimeto. En su avioneta se ocupó un alijo de millonario de droga.

Al momento de que se le solicitó la coerción la magistrada argumentó que no tenía otra alternativa que no imponer ninguna medida, por falta de una autorización escrita de registro, que no presentó esa fiscalía.

Ayer se conocería la revisión a la medida pero fue aplazada por el juez hasta que la SCJ decida sobre el pedimento.

De su lado la procuradora fiscal de ese distrito judicial Reina Yamiris Rodríguez, se mostró contraria a la decisión del tribunal, no cree que haya ningún motivo para que ese caso sea llevado a otra demarcación.