Defensa Pública desea abolición prisión preventiva

Laura Hernández

A juicio de la directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández, la prisión preventiva debe ser eliminada, pues no llena su cometido y constituye una condición “malvada que destruye la vida de los seres humanos”.
La funcionaria se expresó de esa manera al entender que el Estado es el mismo responsable de que los presos preventivos no acudan a las audiencias.
Explica que, aunque la prisión preventiva busca que los imputados no evadan la justicia, el mismo Estado es el responsable de que muchos acusados no vayan a los tribunales.
De ahí, pues, la gran cantidad de reenvíos, ya que “justamente quien te mete preso es quien no te lleva al proceso”. Hernández estima, además, que la prisión preventiva es solo para los pobres sin arraigo, puesto que los ricos sí “tienen arraigo porque tienen dinero”.
Puso como ejemplo que dos pilotos franceses, sin arraigo ni familia en el país, lograron escapar.
En cambio, la mayoría de los usuarios de la Defensa Pública “se presenta religiosamente y en libertad a sus audiencias, y si tienen presentación periódica, van a firmar el libro que deben firmar”.
Por eso Hernández prefiere un culpable suelto y no un inocente preso, dado que “son injustos los parámetros que se toman en cuenta para imponer la prisión preventiva”.
Brazaletes. A Laura Hernández le preocupa el uso de los brazaletes, pues para ella esos dispositivos podrían constituir una discriminación en el sistema de justicia, ya que son inaccesibles para los pobres.
“El que no puede pagar 500 pesos de una multa, ¿creen ustedes que puede pagar estos brazaletes?”, razonó Hernández, al participar en la mesa redonda sobre Seguridad y Justicia, organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la USAID.
Propone, por tanto, que el Estado disponga de un fondo especial para que los imputados pobres puedan también usar brazaletes.
En tanto, Chey Rodríguez, de la compañía que vende los dispositivos, señaló que estos cuestan RD$22,000 al mes, menos de los RD$30,000 que le cuesta un reo al Estado dominicano.