La única prueba en que el Ministerio Público sustenta su acusación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Tommy Galán, es una comunicación de la Cámara de Cuentas donde remite las declaraciones juradas de Patrimonio del exsenador correspondientes al período 2006-2010-2016, haciéndole la salvedad de que la del 2002-2006 no está en sus archivos porque la institución receptora de ese requisito de ley era entonces la Tesorería Nacional.