El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, condenó hoy la agresión de que fue víctima el personal institucional que lo acompañaba en una inspección al Centro de Retención Vehicular mejor conocido como “Canódromo el Coco” o “Canódromo”.

De igual modo fueron agredidos periodistas de diversos medios de comunicación por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) que custodian el llamado “cementerio de vehículos”.

A raíz de múltiples denuncias realizadas por ciudadanos ante el Defensor del Pueblo, este amparado en el Artículo 3 de la Ley 19-01 se dirigió al “Canódromo” para la inspección de lugar siendo evitada la ejecución de la misma por parte de los agentes.

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“(…) Descuido de vehículos retenidos por la DIGESETT y el dinero que presuntamente piden los agentes para entregar los vehículos o hacer trámites. Sin embargo, este ejercicio de defensa de los derechos de los ciudadanos fue violentado por la directora del Canódromo y sus subalternos”, indicó en un comunicado de prensa colgado en su cuenta de Twitter.

“(…) Además de agredir físicamente a una periodista el Secretario General del Defensor del Pueblo, Harold Modesto”, refirió Pablo Ulloa.

Reiteró que el Defensor del Pueblo es una “autoridad independiente, no estamos sujetos a ningún organismo más que la Constitución y la Ley 19-01”.

“(…) Nos mueve únicamente el bienestar de los dominicanos y las dominicanas”, concluyó el comunicado de prensa.

Ley 19-01

La Ley 19-01, que instituye la figura del Defensor del Pueblo, establece en su artículo 3 que dicho servidor; «en su ejercicio, estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de sus actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos».

«El Defensor o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso», cita el artículo.