La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, reclamó ayer al procurador Francisco Domínguez Brito que refuerce con más abogados a la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, para que accione igual que la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que defiende a los imputados de los delitos penales.

Recordó en una nota que la asistencia legal gratuita a las víctimas está establecida en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Martínez entiende que los defensores asignados a las víctimas no son suficientes. Dijo que le sorprende la facilidad con la que son descargados en los procesos penales los sometidos a la acción de la justicia por violaciones penales.

En el documento, la funcionaria expresa que esos acusados por hacerle daño a la sociedad son asistidos en su defensa por formidables abogados y abogadas pertenecientes a la Defensoría Pública.

Martínez Guante planteó que cree conveniente visitar al presidente Danilo Medina para exponerle la necesidad de aumentar la asignación de fondos para el Departamento de Representación Legal de las Víctimas, de la Procuraduría, que son asaltadas en plena vía o les roban en su casa, son amedrentadas con revólver y hasta tiroteadas, mutiladas y asesinadas. Denunció que los familiares de esas víctimas o los sobrevivientes tienen que procurarse medios de defensa, y que cubren con sus propios recursos el proceso, abandonado muchas veces por los tantos reenvíos, cansancio, agotamiento, indignación o por falta de recursos económicos.