La falta de seguridad jurídica respecto de derechos adquiridos por los trabajadores, y para los derechos de propiedad, son los problemas más graves detectados por el defensor del pueblo en las instituciones del Estado.
Así lo dio a conocer la titular de la institución, doctora Zoila Martínez Guante en su informe anual de gestión, correspondiente al período mayo 2016-abril 2017.
Informó que en ese interin emitió 257 oficios de requerimientos, tanto de buen funcionamiento como de cambio de criterio, a distintas entidades de la Administración Pública, ayuntamientos, prestadoras de servicios públicos y otros poderes del Estado, en defensa de los derechos humanos y fundamentales de la población, así como los intereses colectivos y difusos, particularmente el medio ambiente.
Resaltó que la mayor parte de los requerimientos de carácter laboral y seguridad social fueron dirigidos a instituciones del Estado.
En defensa del trabajador. La defensora del pueblo afirmó que es una necesidad fortalecer la defensa de los derechos de los servidores públicos a nivel general, en todo el país; así como de algunos sectores privados, donde persiste la mala práctica de distraer el 10% de ley por concepto de propina para los trabajadores de restaurantes y similares.
Salud. Las denuncias sobre falta de higiene, de equipos, poca disponibilidad y mala calidad de los medicamentos en los hospitales, así como la necesidad de ampliar la red que éstos conforman a nivel nacional, representaron el 80% de los requerimientos dirigidos a Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud y a la Presidencia de la República.

Los reclamos de servicios públicos más frecuentes fueron acceso a agua potable, seguido de la acumulación de basura en distintos municipios a nivel nacional, y el alto costo de la tarifa eléctrica.
Los mayores requerimientos estuvieron dirigidos hacia la Presidencia de la República, Interior y Policía, y la Policía Nacional,
Fuera de la Administración Pública, los ayuntamientos.